Para evitar que los adversarios puedan regresar al poder se deben colonizar y desmantelar las instituciones. Así hicieron en Venezuela y Nicaragua. Se justificaron diciendo que la oposición es antipatriota y si ganara una elección sería por el apoyo de fuerzas oscuras, y lavándole el cerebro al pueblo.
En Brasil el Partido del Trabajo no actuó así. Si bien culpó al Poder Judicial de haber colaborado en la destitución de Dilma Rousseff e impedido la candidatura de Lula al condenarlo por corrupción hace cinco años, no desmantelaron las instituciones encargadas de la justicia ni de los procesos electorales.
Estas instituciones hoy han respaldado el triunfo de Lula, conteniendo las protestas golpistas de los seguidores de Bolsonaro, quienes creen que le robaron la elección a su líder. Incluso el Ejército brasileño, mucho más involucrado en el poder durante el saliente gobierno de Bolsonaro que en el caso de México, ha defendido la Constitución.
Para eso están las instituciones. Hoy la derecha brasileña cree que el Poder Judicial está en su contra. Antes la izquierda pensaba lo mismo.
Construir consensos en torno a las instituciones electorales y judiciales fue el gran paso democratizador en nuestro país. Tras la polémica elección de 1988, había que buscar resolver el conflicto postelectoral con un árbitro fuerte, creíble e independiente. Así, el partido derrotado no se debía sentir amenazado porque el triunfador podía controlar al árbitro y quedarse eternamente en el poder. Posteriormente se fueron creando reglas para tener una contienda más pareja.
El derrotado no siempre acepta los resultados -algunos nunca lo hacen-, pero para el grueso de los actores políticos ha quedado claro desde entonces que los resultados electorales han sido legales y razonablemente equitativos. Salvo en el 2006, no ha habido disputas postelectorales relevantes.
A la ventaja que hoy tiene Morena por estar en el poder y dada la fragmentación de la oposición, quieren sumar el tener precandidatos que no enfrenten restricciones contempladas por la ley electoral vigente cuando AMLO fue electo. Un tema central del casi aprobado plan B del gobierno es disminuir las sanciones por hacer campañas anticipadas y por otros abusos.
Como explicó el consejero Uuc-kib Espadas Ancona en un video difundido en redes sociales, la reforma electoral del gobierno, cuya aprobación es prácticamente un hecho, aunque se consuma hasta febrero, pondrá en riesgo la organización del proceso electoral. Con un "sistema frágil y vulnerable", quien gane podrá enfrentar conflictos postelectorales, como sucedía en el pasado, y tener que pagar los costos políticos de un proceso electoral viciado de origen. Con estas reglas, un triunfo abrumador de Morena como el del 2018 le daría una muy baja legitimidad al ganador.
¿Por qué están dispuestos a correr este riesgo quienes traen una clara ventaja en la futura contienda? O bien, algo están viendo en los problemas económicos o de seguridad del país que enojarán al electorado en los siguientes 18 meses, y no creen en las elecciones como mecanismo para premiar o castigar a quien está en el poder, o están dispuestos a pagar el costo de llegar con baja legitimidad a cambio de no sólo retener la Presidencia, sino de maximizar sus posibilidades de llevarse el Poder Legislativo con márgenes amplios.
Para validar esta reforma con claros vicios de inconstitucionalidad se requiere una Suprema Corte sumisa. Por eso el gobierno buscará influir en la elección de su presidente el 2 de enero. Quien encabece la Corte permitirá o no llevar al pleno con rapidez la presunta inconstitucionalidad de esta ley.
Con un árbitro débil y cuando en una elección está en juego el futuro de la democracia, existe una alta probabilidad de un conflicto postelectoral desestabilizador. Es el riesgo para el 2024. Eso justo se había logrado evitar con autoridades electorales fuertes y autónomas.
@carloselizondom
ÁTICO
Con un sistema electoral frágil, se abre la puerta a un conflicto postelectoral. ¿Por qué Morena quiere correr ese riesgo?
