La falta de centros gubernamentales especializados y las lagunas legales en los ámbitos federal y estatal abrieron una ventana para que personas sin formación, y muchas veces adictos rehabilitados, creen instituciones para la desintoxicación sin personal, instalaciones ni programas adecuados ni supervisados, para auxiliar a farmacodependientes.
Estos centros, llamados anexos, simulan cumplir con los escasos ordenamientos y no garantizan ningún resultado satisfactorio; sin embargo, llenan de dinero los bolsillos de sus creadores.
Pese a las frecuentes denuncias de privaciones de la libertad, trato inhumano, golpes y hasta asesinatos, estos centros aparecen y desaparecen sin un control real de las autoridades, pues se carece de leyes puntuales.
Mientras tanto, los creadores y encargados se enriquecen con ingresos millonarios anuales a costa de la necesidad de familias que buscan la rehabilitación del hermano, padre, hijo o sobrino con problemas de adicción.
Los toxicómanos, pese a su problema de adicción, tienen derecho a aceptar o rechazar su internamiento, pero no les toman su opinión.