Los ataques a zonas urbanas, los asesinatos de civiles en Bucha e Irpin, los bombardeos contra Mariúpol, las ofensivas contra Járkov y otras ciudades ucranianas, con la muerte recurrente de miles de personas no beligerantes, ha provocado una condena internacional en contra de Rusia, señalando la responsabilidad del presidente Vladimir Putin. Continúan acumulándose las acusaciones de que las fuerzas armadas rusas y los combatientes separatistas prorrusos están cometiendo crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional (CPI) comenzó hace semanas a investigar. Ucrania, el país agredido, estableció ya un equipo para reunir pruebas y documentar cientos de crímenes y múltiples atrocidades. También ha avanzado para establecer un mecanismo especial a fin de investigar las numerosas violaciones que se atribuyen a las fuerzas ocupantes. Como lo hiciera en los casos de las guerras en Siria y en Yemen, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha vuelto a apelar a las partes señalando que incluso en una guerra de agresión, como la que tiene lugar en Ucrania hay reglas: las contenidas en los dos Convenios de Ginebra, además de una serie de leyes y acuerdos internacionales. Un principio fundamental subyacente en todas estas obligaciones y tratados internacionales es que los civiles no pueden ser atacados de manera deliberada, ni tampoco la infraestructura que es vital para su supervivencia.
El uso de ciertas armas, entre ellas las minas antipersonales, las bombas de racimo, las armas químicas y biológicas, está también prohibido por esos tratados internacionales debido al sufrimiento indiscriminado y las atrocidades que provocan. Los hospitales no deben ser atacados y los heridos y enfermos tiene derecho a ser atendidos, incluidos los soldados enemigos heridos, que tienen derecho a ser tratados como prisioneros de guerra. Entre los crímenes de guerra figura el genocidio: el asesinato deliberado de personas de un determinado grupo nacional, étnico, racial o religioso, el cual va más allá del asesinato ilegal de civiles, para el que el derecho internacional requiere de pruebas sobre la intención deliberada de destruir. Periodistas, investigadores independientes y autoridades ucranianas y europeas están integrado denuncias sobre el hallazgo de fosas comunes, con cadáveres de civiles atados de pies y manos, ultimados con tiros de gracia. Hay también acusaciones provenientes de fuentes europeas que Rusia está utilizado explosivos termo báricos, que, aunque no están prohibidos, provocan bajas mortales fatales e indiscriminadas, matando por asfixia, al crear un vacío masivo al absorber el oxígeno.
Conforme continúa prolongándose la guerra, cada día aparecen más evidencias de la destrucción de edificios de apartamentos, escuelas, hospitales, instalaciones e infraestructura critica, centros comerciales, y ataques a vehículos civiles y ambulancias, habiéndose difundido algunos casos de asesinatos en masa en teatros, estaciones de trenes y hospitales. Corresponde a la CPI enjuiciar a los presuntos responsables de crímenes de guerra y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminar en el caso de las disputas entre estados, pero no puede enjuiciar a individuos. Ucrania ya ha iniciado en la CIJ un caso en contra de Rusia y el fiscal en jefe de la CPI, el abogado británico Karim Khan, ha declarado que existen denuncias desde 2013, habiendo bases razonables para creer que se han cometido diversos crímenes de guerra en Ucrania, desde la anexión de Crimea a la fecha. Rusia dejó de ser miembro de la CPI, al retirarse en 2016, un año después de su intervención militar en Siria. Por ello, podría no ser procesada por el delito de desencadenar una guerra de agresión, de conducir una invasión y de provocar un conflicto injustificado a otro estado miembro de las Naciones Unidas. Aun si la CPI intentara hacerlo y procediera a informar al Consejo de Seguridad, Rusia ejercería su derecho de veto como miembro permanente.
¿Podrán entones ser enjuiciados el presidente Putin, los generales rusos y otros mandos y líderes locales de crímenes de guerra? Difícilmente, ya que por lo general es más fácil culpar de un crimen de guerra a alguno de sus perpetradores que a los mandos militares superiores o al líder que ordenó ejecutar determinadas operaciones o acciones. Para cualquier juicio futuro resulta crucial establecer la cadena de mando y de control en el caso de ejecuciones sumarias y de abusos graves, puesto que tienen que documentarse, de manera fehaciente, quiénes y cómo fueron autorizadas y ejecutadas.
Por ende, la eficacia de la CPI y las formas de aplicación práctica del derecho internacional humanitario dependen no solo del cumplimiento de los tratados, sino también de la política internacional y la diplomacia. Ahí radica la posibilidad, quizás remota, de establecer un tribunal único para enjuiciar los crímenes de guerra que se están cometiendo en Ucrania.
Cabe citar a don Carlos Franco Sodi (1904 - 1961) un destacado penalista oaxaqueño quien escribía premonitoriamente en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial: "Los criminales de guerra deben ser juzgados y condenados; pero antes precisa conocerlos: son ellos los que prepararon y llevaron a término la guerra de agresión, la guerra total que todavía nos desgarra. Son ellos los Jefes de Estado, los directores políticos, financieros y militares de los pueblos que empujaron al mundo a este abismo donde yace. Son ellos los que por iniciativa propia u obedeciendo consignas superiores, indujeron a traicionar o traicionaron a los pueblos luego agredidos. Son ellos los que se convirtieron en tiranos de sus patrias y en lacayos del invasor; los que hicieron de Europa un horrendo escenario de crueldades infinitas".
