La plenaria del Sexto Congreso Nacional de la Coordinadora Agua para Todos Agua para la Vida -en total 574 miembros inscritos de 29 estados de la República, reunidos en la Comarca Lagunera del 14 al 16 de octubre- escuchó atenta el análisis de contexto nacional, horizonte estratégico y prioridades para el cambio de terreno de lucha rumbo al 2024: Son tiempos clave para el movimiento por el agua. Mientras la crisis del líquido se agudiza y la Ley General de Aguas sigue bloqueada por la clase política y la hidrocracia, es objeto de turbulentas maniobras y las autoridades del sector mantienen inamovibles sus posturas contrarias a un cambio de paradigma en la gestión hídrica.
El 8 de febrero del 2012 el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 4° de la Constitución, punto de arranque para reorientar el marco jurídico de la gestión de aguas en México sobre la base del derecho humano al agua, el manejo sustentable y la participación social en el diseño de políticas hídricas.
Esta esperanzadora reforma abrió paso a un proceso de construcción desde abajo, desde la sociedad, de una nueva Ley General de Aguas.
Un cada vez mayor número de organizaciones regionales, pueblos y comunidades indígenas, miembros de la academia, grupos afectados por la contaminación y otros agrupamientos de la sociedad civil, nos fuimos sumando a la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida, para construir de manera socialmente plural, amplia y democrática la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas, para sustituir la nefasta Ley de Aguas Nacionales impuesta en 1992 bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio.
Ha quedado más que evidenciado que dicha ley abrió las puertas a la privatización y mercantilización de las aguas de nuestro país a través de un sistema de concesiones que provocó el acaparamiento, sobreexplotación y contaminación de nuestros recursos hídricos, pasando por alto los derechos históricos de los pueblos indígenas que tienen sobre los recursos hídricos en sus territorios.
De las más de 538 mil concesiones que la Comisión Nacional del Agua otorgó a partir de la puesta en marcha de la Ley de Aguas Nacionales, el 7 % de los concesionarios acaparan el 70 % de los volúmenes de agua.
Muchos acuíferos como los de La Laguna son sobreexplotados por intereses lucrativos al grado de dejar a su suerte a miles de familias que padecen la escasez del vital líquido.
Las industrias refresqueras, cerveceras, embotelladoras, agroindustriales, mineras, petroleras, inmobiliarias y agroexportadoras, son las que más se han beneficiado con la mencionada ley.
Durante el régimen de Enrique Peña Nieto hubo intentos de aprobar por una mayoría prianista a través primero de la Ley Korenfeld y después por la Ley Pichardo, una supuesta nueva ley de aguas que mantenía la esencia privatizadora y mercantil, contraviniendo los principios constitucionales contenidos en el actual artículo 4°.
Dichos intentos, sin embargo, fueron frenados por una intensa actividad al interior y exterior del Congreso Federal por parte de la Coordinadora Agua para Todos Agua para la Vida y de sus integrantes desde sus regiones y estados.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República, así como una mayoría legislativa de la Cuarta T en ambas cámaras, significó la oportunidad histórica de revertir la degradación de los recursos hídricos del país provocada por una minoría rapaz cobijada por la obsoleta Ley de Aguas Nacionales.
Durante el 2019 la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados abrió un proceso de consulta ciudadana a través de foros estatales y regionales; en total 35 eventos. Y en todos, la mayoría de las propuestas se identificaron con los 12 Consensos del Agua propuestos por la Coordinadora Agua para Todos.
A pesar de los consensos logrados en esta comisión y la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el presidente de la primera pretendió sacar adelante un proyecto que no era de consenso.
En la presente legislatura, a pesar de que hay mayoría parlamentaria de la Cuarta T y en que ha habido muestra de muchos legisladores en ambas cámaras, que simpatizan con los consensos logrados y que se han introducido en una propuesta de Ley General de Aguas, esta no avanza.
Es claro que los intereses de la minoría rapaz que se han beneficiado a través de la violación sistemática del derecho humano al agua, la degradación de ecosistemas, la corrupción que aún existe en instancias de gestión y la ausencia de participación social, sigue predominando en el actuar del Congreso Federal.
Esto puede tener una explicación -continuó el análisis.
La plenaria de Agua para Todos escuchaba atenta. Ahí trazaría una ruta que va más allá del 2024. Intenta abrir camino a la Ley General de Aguas y a más contralorías ciudadanas y autónomas del agua.
@kardenche