Hace 10 años, por estas fechas nacía la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida en México. Los días 7 y 8 de diciembre del 2012 culminaban diez meses de intenso trabajo en el que 420 investigadores e integrantes de organizaciones convocados por la Red Temática del Agua del Conacyt elaboraron la primera versión de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, presentada dentro del plazo de 360 días en cumplimiento de la reforma al artículo 4 constitucional que desde el 8 de febrero reconocía el derecho humano al agua. En su sexto congreso nacional, realizado del 14 al 16 de octubre pasado en la Comarca Lagunera, la coordinadora registró 574 miembros de 29 estados de la República.
Agua para Todos nació en diciembre del 2012 como una campaña nacional que busca el buen gobierno del agua en México a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el agua en el territorio y en los sistemas de agua y saneamiento, tal como lo plantea la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas.
Tuvo su primer Congreso Nacional titulado "Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua en México" el 8 de diciembre del 2012, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México.
Durante los siguientes seis años y medio, se realizaron más de 200 foros y talleres en todo el país.
En medio de ese proceso, se fueron construyendo consensos, recolectando firmas y sentando las bases para las instancias propuestas de participación entre pueblos indígenas, sistemas comunitarios del agua, usuarios de sistemas urbanos, sindicatos, centros de derechos humanos, organizaciones ambientalistas, abogados constitucionalistas, funcionarios y trabajadores de la Conagua y del IMTA, ejidos, comunidades y distritos de riego, empresarios, así como investigadores de un amplio rango de disciplinas.
Desde el inicio, los problemas que enfrentaron sus constructores en cada estado de la República fueron enormes.
Sabían que lograr la meta de sustentabilidad con acceso equitativo al agua iba a requerir de la voluntad de todas y todos.
Como ciudadanía y pueblos, estaban preparándose para asumir esta responsabilidad conjuntamente con los tres niveles de gobierno, en las instancias y con los instrumentos que provee la Ley General de Aguas.
En el proceso de elaboración de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, se fue consensuando un conjunto de principios, basados en las culturas originarias del país, en experiencias piloto de manejo de cuencas y en los instrumentos internacionales firmados por México, a saber:
El agua como bien común de la Nación, proveniente de la naturaleza, a ser manejada sin fines de lucro, respetando las necesidades de las generaciones futuras.
La integralidad entre las comunidades, sus tierras y sus aguas.
La participación ciudadana y de pueblos indígenas en las instancias de planificación, gestión, vigilancia y sanción.
La autodeterminación de los pueblos indígenas, garantizando el respeto por las formas de gobierno de los pueblos en sus territorios, y asegurando su participación en cada escala de la toma de decisiones, así como la incorporación de sus cosmovisiones.
Subsidiariedad: La necesidad de dar prioridad a los procesos y proyectos locales en la toma de decisiones y la aplicación de recursos públicos, sólo pasando a los niveles superiores lo que no se puede resolver directamente.
La inclusión y la no discriminación asegurando el acceso a voz y voto en los procesos de toma de decisión por parte de los sectores de la población que han sufrido la violación de sus derechos por dinámicas de exclusión.
La aplicación del máximo de los recursos disponibles, lo que incluye la priorización de las obras y proyectos requeridos para cumplir con el derecho humano al agua y saneamiento, y que los que más se benefician de la economía deben asumir la mayor carga de impuestos.
Pro persona, pro naturaleza, lo que implica que, en caso de vacíos o conflictos entre leyes o normas, se aplicará la interpretación que más favorezca la protección de los derechos humanos de las personas físicas y la integridad de las comunidades, de los pueblos indígenas y de la naturaleza.
La prevención, con la que se priorizarán medidas para evitar desastres sobre gastos para atenderlos. La precaución, que implica que aún en la ausencia de certidumbre científica se tomarán medidas, incluyendo la posible cancelación del proyecto, para prevenir daños graves.
La sustitución, que obliga a sólo autorizar proyectos o actividades que usen la alternativa que represente el menor daño social y ambiental.
La transparencia y máxima difusión de información.
La restauración y restitución, lo que significa que se buscarán medidas y programas para la plena restauración y restitución de los pueblos, comunidades y personas afectadas por políticas injustas o por discriminación o negligencia institucional.
Enhorabuena a la coordinadora Agua para Todos.
¡Ley General de Aguas, ya!
@kardenche