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El pleno del Congreso de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo por "permanente incapacidad moral", después de que éste anunciara la disolución del Legislativo y declarara un Gobierno de excepción de emergencia, lo que fue calificado como un golpe de Estado por diferentes voces, incluida la de la vicepresidenta, Dina Boluarte.
La votación de la vacancia (destitución) de Castillo por "permanente incapacidad moral" recibió 101 votos a favor, del total de 130 congresistas, así como seis en contra y 10 abstenciones.
Tras la votación, congresistas celebraron los resultados con banderas, abrazos, lágrimas y gritos de júbilo.
Asimismo, la Fiscalía de la Nación de Perú confirmó que detuvo al expresidente por la presunta comisión del delito de rebelión y quebrantar el orden constitucional tras el anuncio de éste de disolver el Congreso.
Según el artículo 346 de la legislación peruana, el delito de rebelión es definido como "el que se alza en armas para variar la forma de Gobierno, deponer al Gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional" y recoge que "será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación".
La institución detalló que dirigió la detención del exmandatario en la Prefectura de Lima y fue supervisada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Tras la detención y destitución de Castillo, Dina Boluarte, se convirtió en la primera presidenta de un Perú en crisis.
