Algunos legisladores rechazan esta determinación, mientras que otros la consideran 'necesaria'.
A unos días de que se discuta la reforma constitucional en materia de fuerzas armadas, en Durango los legisladores difieren sobre la legalidad y los resultados de esta determinación.
Inicialmente, la legisladora panista Verónica Pérez Herrera manifestó ante el Pleno del Congreso del Estado el rechazo a la ampliación de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028.
"Su intervención debe ser excepcional, temporal y restringida, siempre y cuando medie una situación extraordinaria", dijo.
Del mismo modo, dio a conocer que la Guardia Nacional no ha podido evitar la violencia que padece México, lo que ha generado más de 140 mil homicidios violentos y 40 mil desaparecidos. Por lo que reiteró que la intervención militar debe ser por tiempo limitado y únicamente en los casos en que las policías civiles se vean superadas; siempre y cuando estén en cumplimiento del orden constitucional e internacional. Reiteró la postura para que la Guardia Nacional sea subordinada a las fuerzas civiles, además de que sea estrictamente fiscalizada.
"Reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento a las fuerzas armadas; pero expresamos claramente nuestra congruencia y convicción de que debemos enfrentar la inseguridad de nuestro país con policías estatales y municipales bien capacitadas, equipadas y con remuneraciones dignas", expresó Verónica Pérez Herrera.
Sin embargo, la postura del legislador perredista J. Carmen Fernández Padilla fue contraria al considerar necesaria la participación de las fuerzas armadas en el país, ya que la ciudadanía exige mejores condiciones de seguridad.
"La seguridad aqueja a muchos espacios del país, donde los gobiernos locales cuentan con pocos recursos para hacerle frente. Lo deseable es que las fuerzas armadas no realizaran actividades en la seguridad interior; sin embargo, su participación es una necesidad".
Pero puntualizó que México tiene el reto de reformar los cuerpos policiacos que requiere el país, por lo que las fuerzas armadas deberán capacitarse en la doctrina de la policía civil.
