Hace un par de días fue detenido el extitular del departamento de Servicios Administrativos de Torreón en la administración de Jorge Zermeño, José Antonio "N", quien claramente tuvo un rol preponderante en la operación del Municipio en el gobierno recién concluido el pasado 31 de diciembre.
Posterior a su detención, un juzgado le dictó prisión preventiva como medida cautelar y previo a la audiencia que habrá de realizarse el próximo 20 de marzo, para determinar su situación jurídica en los próximos meses, luego de que el detenido tiene que enfrentar acusaciones hechas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Coahuila, como ejercicio ilegal de las atribuciones y facultades, surgidas de las previas observaciones que había realizado la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En la información disponible sobre el asunto se precisó que las imputaciones judiciales tienen una temporalidad de marzo a diciembre de 2018, justo el periodo donde las administraciones de Coahuila tuvieron una duración de un año, para cumplir con la reforma electoral federal que comandó a las entidades federativas empatar alguno de sus procesos locales electorales, con los comicios en el orden federal que se celebran cada tres años para la renovación -y ya en los tiempos actuales, reelección de algunos- de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y cada sexenio para la celebración de votaciones para senadores y presidente la república. Por ello se compitió para alcaldías en 2017, al igual que para diputados locales y gobernador; para un año después salir a votar nuevamente para presidentes municipales a la par de las elecciones generales federales, donde se escogió a ambas cámaras del Congreso federal y al actual presidente de México.
Así pues, José Antonio "N", quien ya tenía amplia experiencia profesional en la presidencia municipal de Torreón, puesto que ya había trabajado allí en los tiempos en que el PAN ya había tenido la cabeza del ayuntamiento, se había convertido en un diligente operador que rápidamente se ganó la confianza del alcalde en turno, en este caso, de Jorge Zermeño, con la cual su margen de maniobra dentro del gabinete al que perteneció se fue ampliando considerablemente.
Con estas condiciones, por lo pronto las autoridades judiciales le están señalando como presunto infractor de las disposiciones legales, al celebrar contratos de publicidad y comunicación social con un perjuicio al erario de 4 millones 425 mil 400 pesos, adjudicándolos directamente para presunto beneficio de particulares en específico y omitiendo la observación de la normatividad municipal para la materia que obliga, entre otros requisitos, a tomar en cuenta otras opciones en beneficio del ayuntamiento de Torreón.
Evidentemente como los hechos ocurrieron el miércoles pasado, ayer se generó nueva información en la que se destaca que el exalcalde Jorge Zermeño podría ser citado a declarar, puesto que en el Simas Torreón presuntamente existen irregularidades que superan los 300 millones de pesos.
Asimismo, el regidor Luis Jorge Cuerda, titular de la Comisión de Hacienda del cabildo torreonense, declaró que hay 17 obras que no cuentan en su expediente con la firma de la contraloría, en clara referencia a que hay más irregularidades.
En tanto, el actual alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que no se trata todo esto en lo absoluto de una cacería de brujas, sino de una simple observación de la ley que obliga a que las cuentas públicas sean revisadas y, en su caso, sancionadas penalmente, como es lo que se pretende en el caso de José Antonio "N".
Más allá de que si realmente existieron casos de corrupción que el marco jurídico aplicable permita castigar con cárcel, lo que hay aquí es un mensaje entre la fuerzas políticas porque hace apenas un año atrás no quisieron aliarse con el PRI -particularmente se señala que fue Jorge Zermeño uno de los responsables de que en Coahuila el PAN no hubiera ido en alianza con el PRI como sí lo hicieron en Durango y lo está volviendo a hacer este año- y la aplicación de la ley para la revisión de las cuentas zermeñistas será implacable.
Faltan un año y tres meses para que se celebren las elecciones para la gubernatura coahuilense para el periodo 2023-2029 y está claro que el PRI no piensa dejar ni un resquicio que le pudiera dar oportunidad a Morena de ganar el próximo año. En este entorno, la detención de José Antonio "N" es un calambre para aquellos que piensen actuar en contra del proyecto oficial.
