(JOSÉ DÍAZ)
El presidente tiene claro en qué momento del ciclo presidencial se encuentra. Este martes en la mañanera, ante la pregunta de si ya había decidido entre las propuestas a enviar al Senado para su ratificación para encabezar tanto la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), AMLO respondió: "Sí, ya estamos viendo lo de las propuestas para que se mantengan estos órganos. Ya no nos va a dar tiempo a nosotros y además genera mucha polémica, y se requiere de reforma constitucional y los del bloque conservador ahorita no aprueban nada, pero, la verdad, que son organismos que deberían de desaparecer. [...]".
AMLO tiene mucho capital político, pero este no es infinito. El resultado de las elecciones intermedias de la Cámara de Diputados le quitó margen de maniobra. Una economía estancada y con inflación al alza tenderá a erosionar su apoyo social. Debe administrar y gastar su capital político en cuidar la sucesión y en lo que considera crucial para su proyecto: la reforma eléctrica.
Dados sus objetivos, fortalecer la Cofece, el IFT y otros órganos de ese tipo debería ser su prioridad. En sus palabras del 28 de marzo del 2021: "nos conviene que haya una separación entre el poder económico y el poder político. Así como Juárez separó el poder de la Iglesia y el poder del Estado, porque a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César, así lo que se necesita ahora y por lo que estamos luchando es por separar al poder económico del poder político para que el Gobierno represente a todos, a ricos y a pobres...".
Esta separación requiere instituciones con cierto nivel de autonomía, fuertes y con decisiones colegiadas. Precisamente para que las decisiones que afectan a los grandes grupos empresariales en materia de competencia y telecomunicaciones no las tome un individuo a las órdenes del presidente, se dotó de autonomía a la Cofece y al IFT con las reformas constitucionales del 2013. Así, un Gobierno con enormes escándalos de corrupción, como el de Peña Nieto, tomó el riesgo de construir instituciones que le quitaban poder al presidente para transferirlo a cuerpos colegiados controlados por comisionados electos bajo criterios rigurosos.
Si la esencia de la 4T es la separación entre el poder político y el económico, una de sus prioridades debería ser el impulsar la creación de instituciones con reclutamientos meritocráticos y con contrapesos internos en aquellos temas que puedan incidir de forma importante en un agente privado. Hay mucho que ampliar y mejorar en el andamiaje institucional para regular la relación Gobierno-empresarios. Nos faltan procesos regulatorios bien definidos para evitar, por ejemplo, que la concesiones gubernamentales no sean a cambio de algún favor.
Esto implica necesariamente menos poder discrecional, tan útil políticamente para premiar y castigar. En esa discrecionalidad se ha basado la corrupción que AMLO prometió desaparecer. El poder unipersonal implica un gran riesgo de corrupción. Incluso para el presidente más honesto del mundo, pues a su nombre algunos pueden hacer cosas indebidas.
En el sentido opuesto a poner diques contra la corrupción a través de instituciones regulatorias colegiadas, un eje central de la reforma eléctrica de este Gobierno consiste en darle todo el poder a la CFE, que supuestamente se autorregularía. Como lo expuso muy claramente Edna Jaime, "los políticos del actual periodo [...] piensan que son eternos y que conservarán el poder para siempre". Aun suponiendo que los políticos de hoy usaran bien todo ese poder que se le pretende dar a la CFE, ¿cómo saben en manos de quién estarán el sexenio entrante?
Con esa lógica la posibilidad de separar el poder político del económico dependerá del siguiente ciclo presidencial. La gran promesa de transformación histórica no puede depender de las cualidades de una persona.
ÁTICO
Separar el poder político del económico implica fortalecer la Cofece, el IFT y otros órganos regulatorios.
