Desde el asesinato de Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984, no se atentaba contra una figura del periodismo nacional. El ataque a Ciro Gómez Leyva, la noche del 15 de diciembre, con la intención de privarlo de la vida, conmocionó al país, donde este año han sido abatidos 12 informadores. El conductor de televisión anunció horas más tarde, en su programa de radio «Ciro en la mañana», que, de acuerdo con el Ministerio Público, alguien quiso matarlo. El blindaje de su camioneta frustró el propósito, claramente desestabilizador. Gómez dice no tener enemigos ni deberle a nadie.
La decisión de no conjeturar sobre las causas de la agresión corresponde a un periodista responsable, que no recurre al victimismo ni contribuye a crispar aún más el ambiente político. La actitud es plausible y contrasta con la de quienes aprovechan ocasiones como esta para ventilar sus fobias, generar zozobra entre la población y señalar culpables. Un atentado de alto impacto, como este, moviliza a autoridades, partidos, gobiernos, medios de comunicación y organismos defensores de la libertad de expresión.
Artículo 19 ha documentado 157 asesinatos de periodistas en México, «en posible relación con su labor», entre 2000 y 2022. En la presidencia de Vicente Fox se cometieron 22; en la de Felipe Calderón, 48; en la de Peña Nieto, 47; y lo que va de la de Andrés Manuel López Obrador, 37. El estado más peligroso para ejercer el oficio es Veracruz, con 31 homicidios. Le siguen Oaxaca y Guerrero (15 cada uno), Tamaulipas (14) y Chihuahua (13). Coahuila aparece con cinco en el segundo bloque, superado por Michoacán y Sinaloa (siete en cada caso).
Autor de la influyente columna «Red Privada», Manuel Buendía murió de cinco tiros en la espalda. El asesinato ocurrió en un contexto de crisis económica, expansión del narcotráfico y corrupción rampante. En La guerra perdida contra las drogas: narcodependencia del mundo actual, Jean-François Boyer identifica las redes de complicidad entre capos y la cúpula gubernamental, sin excluir al Ejército. En mayo de 2007, el periodista Raymundo Riva Palacio dedicó su columna [«Estrictamente personal» (Crimen de Estado)] al caso Buendía con ocasión del 23 aniversario del crimen. El secretario de la Defensa, Juan Arévalo, temía que Buendía tuviera «pruebas de como él, altos funcionarios de Gobernación y familiares del presidente (Miguel de la Madrid) estaban metidos en el negocio del narcotráfico.
»No está claro todavía si cuando Arévalo se alarmó el columnista tenía documentación sólida. Pero (José Antonio) Zorrilla Martínez (jefe de la Dirección Federal de Seguridad), que era su compadre, sí sabía todo aquel entramado. Pero para un crimen de Estado se necesitaba un hombre de Estado. (...) por más contradictorio que parezca, Zorrilla Martínez se comportó como un hombre de Estado, tragándose todo lo que sabía, guardando silencio entonces y ahora para salvar la viabilidad de un Gobierno. Pero, sobre todo, para proteger a los secretarios de Estado que, con la aprobación o no del presidente De la Madrid, metieron sus manos de lleno en el narcotráfico, prólogo pernicioso de la realidad actual».
En la serie de Netflix «Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?», testimonios de diferentes actores, como Jorge Carrillo, fundador y director de Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y el exagente de la Dirección Federal de Seguridad, Juan Rafael Moro, refuerzan la tesis del crimen de Estado. Entre los libros de Buendía que levantaron ámpula destacan: La CIA en México, Los empresarios y La ultraderecha en México. El cuerpo del coronel que asesinó al periodista apareció tres días después en Zacatecas con 120 puñaladas [«Estrictamente personal» (Crimen de Estado)].
Nueve meses después de la muerte de Manuel Buendía, el agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena, y el piloto mexicano Alfredo Zavala, fueron secuestrados por órdenes del cartel de Guadalajara y posteriormente asesinados. Sus cuerpos aparecieron el 5 de marzo de 1985, cerca del rancho El Mareño, de Zamora, Michoacán. Camarena sufrió tortura durante varios días. Rafael Caro Quintero, principal responsable del crimen, fue liberado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto después de pasar casi tres décadas en prisión. Tras varios años de encabezar la lista de los más buscados por la DEA, con una recompensa de 20 millones de dólares, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina detuvieron el capo en un operativo conjunto el 15 de julio pasado.
