La "reforma" del INE, que en realidad pretende ser destrucción es otra iniciativa liquidadora de instituciones, de las muchas que tiene ya en su haber para pasar a la historia el presidente López Obrador. Sin importar los daños a una institución ampliamente reconocida y respetada en México y en el extranjero, en la que participamos todos los ciudadanos y todos los partidos. La creación del IFE en 1977 y el desarrollo posterior del INE, surgieron a partir del diálogo y negociaciones del Ejecutivo y los partidos políticos, con acuerdos alcanzados que han sido raíz y fortaleza de la democracia en México, lo mismo en el nivel federal, estatal y municipal.
La nueva iniciativa electoral, presentada sólo por el Presidente, apoyado por su organización, Morena-4T, es el único intento que pretende hacer una reforma integral con el poder concentrado por el Presidente y su partido, destruyendo al INE, que cuenta con la más amplia experiencia a lo largo de décadas, con profesionalismo, capacidad organizativa en elecciones democráticas, reconocido en México y en el mundo entero por su fortaleza democrática, y confianza ciudadana en los resultados electorales de los que han sido partícipes, múltiples observadores internacionales.
López Obrador es el primer y único presidente de México, que pretende acabar con el INE, reconocido y prestigiado órgano electoral, que cuenta con la confianza ciudadana. ¿Para qué tanto cambio si está el suelo tan parejo? El método y los cambios que se plantean en la iniciativa presidencial son abiertamente regresivos, concentrándose en el poder del Presidente para intervenir en los procesos electorales. Y de manera regresiva lograr que el poder presidencial intervenga y defina resultados electorales. Por lo que comienza por pretender cambiar el método de seleccionar a los consejeros del nuevo INEC, lo que estará a cargo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que controla Morena, así se tendrá consejeros a modo al servicio del Presidente. Será una selección partidizada a través del ejercicio del voto popular. Dramático retroceso para lograr el control presidencial de las elecciones. De manera que el proceso electoral pueda ser controlado por el Presidente a través de Morena.
La iniciativa presidencial pretende el control electoral. Al cambiar los métodos de selección de los Consejeros Electorales en el nuevo INEC (ya le puso nombre), las propuestas las harán los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que por cierto controla Morena. O sea, los consejeros dependerán del Presidente. Y por si fuera poco, también desaparecerán las autoridades electorales locales en los estados y en la Ciudad de México. Se centraliza el INEC y el Tribunal Federal, de manera que se logrará destruir el federalismo mexicano.
Los cambios que plantea la iniciativa presidencial, que no popular, son regresivos, para derrotar y controlar la democracia electoral mexicana, es decir acabar con el poder ciudadano de votar y ser votados, aplastarlo con el poder del Presidente y su gobierno apoyado en la 4T. Lo que significaría un retorno al poder del Presidente con su equipo en el control de las elecciones, o sea, regreso a 1988 cuando era la Secretaría de Gobernación la que controlaba y manejaba todo el proceso electoral.
¿Dónde quedaron los debates entre el gobierno y los partidos políticos para las reformas electorales que crearon un nuevo sistema electoral: el primer sistema electoral democrático en México con el IFE y el INE?
En esta ocasión se trata de una reforma singular, con grandes cambios que nadie ha solicitado, que surgen de la presidencia y que será apoyada por los integrantes de Morena. Hay que preguntarse si es simplemente que le gustan los cambios para sentirse y verse poderoso o si adicionalmente la propuesta regresiva, representa una especie de venganza en relación con la elección que perdió en 2006.
Frente a la reforma electoral planteada que va por la destrucción del INE, se anuncian ya protestas, no habrá sorpresas porque previsiblemente el descontento ciudadano crecerá. El INE es una institución reconocida y respetada, necesaria para la democracia electoral en México. Aquí lo reconocemos y en América Latina, el Caribe y en el mundo también.