Ejecuciones en masa, deportaciones forzadas, bombardeos deliberados contra civiles, presos de guerra torturados, desaparición de intelectuales y políticos, uso de proyectiles prohibidos como bombas de racimo; la operación militar rusa en Ucrania parece cumplir los criterios de genocidio.
Para determinar si las tropas rusas están cometiendo crímenes contra la humanidad o las acusaciones constituyen una "mentira absurda", como asegura Moscú, el régimen de Volodimir Zelensky anunció la creación de una unidad de justicia especial para indagar los crímenes en su país, en la que participarán investigadores, fiscales y jueces nacionales e internacionales.
De verificarse que todo fue una operación meticulosamente orquestada por parte del Ejército ruso, bajo el cargo de responsabilidad de mando, inviablemente serán llamados a rendir cuentas los ejecutivos, comenzando por el Ministro de Defensa, Sergei Shoigu. En ese momento se invocarán los poderes de la justicia internacional, arrancando con la Corte Penal Internacional (CPI), establecida en 1998 y diseñada para perseguir a responsables de crímenes contra la humanidad.
El fiscal jefe de la corte, Karim Ahmad Khan, anunció el 2 de marzo el inicio de una investigación sobre la situación en Ucrania. Kiev no es Estado Parte del Estatuto de Roma (en espera de ratificación desde 2000), pero ha ejercido en dos ocasiones sus prerrogativas para aceptar la jurisdicción de la Corte sobre presuntos crímenes ocurridos en su territorio entre el 21 de noviembre de 2013 y el 22 de febrero de 2014.
En el hipotético caso de que Ahmad Khan avance en el proceso y llegue a la fase del anuncio de órdenes de arresto al más alto nivel, enfrentará las mismas dificultades que sus predecesores. El caso más emblemático para ilustrar los obstáculos es el de Omar al-Bashir, reclamado por La Haya desde 2009, cuando era presidente de Sudán. A pesar de enfrentar orden de entrega y captura internacional por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos en la región de Darfur, Bashir, que dejó el cargo en 2019, sigue gozando de libertad. La impunidad ha prevalecido debido a que la CPI no tiene policía propia y su captura depende de que alguien lo mande a la prisión internacional en Scheveningen.
La estructura actual de la CPI excluye de la rendición de cuentas a EUA, Rusia y China, que no forman parte de los Estatutos de Roma. La alternativa a la CPI sería la creación de un tribunal ad hoc como demandan los presidentes de las Comisiones de Asuntos Exteriores de los Parlamentos de 13 países, entre ellos el de Irlanda, Polonia y Reino Unido. Parlamentarios como el británico Tom Tugendhat y el polaco Marek Kuchcinski, quieren ver el establecimiento de un tribunal similar al de Núremberg, que juzgó a los máximos exponentes de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, o la antigua Yugoslavia (TPIY).
Este último fue establecido en 1993 para impartir justicia por crímenes, en los Balcanes entre 1991 y 2001. Cerró sus puertas en 2017. "Llamamos a la instauración lo antes posible de este Tribunal Penal Internacional con jurisdicción para juzgar (…) e investigar a Vladimir Putin y todos los individuos que participaron en la decisión de librar esta guerra ilegal", dice la declaración conjunta.
El TPIY fue creado por el Consejo de Seguridad de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de la ONU. Rusia como miembro permanente tiene poder de veto. La opción que queda es acudir a un país con "jurisdicción universal", es decir, con un marco penal que permita enjuiciar a personas en cualquier parte del mundo por delitos graves contra el derecho internacional, como es el caso de Nueva Zelanda, Canadá, España y Bélgica; el Artículo 10 del Código de Procedimiento Penal del reinado belga establece que todo residente en el país puede iniciar un proceso contra "cualquier extranjero responsable fuera de Bélgica por grave violación del derecho internacional humanitario".
Al igual que la CPI, los tribunales nacionales requieren del apoyo exterior para sentar al presunto genocida en el banquillo de los acusados. La activación de la "jurisdicción universal", en el caso ucraniano, provocará al menos que los líderes rusos experimenten una situación similar a la de Omar Hassan al-Bashir, quien si bien se encuentra libre, está obligado a elegir con enorme precaución sus destinos en el extranjero para no ser sorprendido por la justicia.
