Mucho se habla de la reforma electoral. Para bien y para mal. Incluso quienes critican, cuestionan y politizan el tema, reconocen la necesidad de una operación quirúrgica al Instituto Nacional Electoral (INE), en parte porque se trata de un organismo autónomo muy oneroso, cuyos salarios y prestaciones, tanto de los altos consejeros como de los funcionarios en general, resulta insultante en un país de tantos contrastes sociales. Lo que también se debería traducir al menos en una revisión puntual de los organismos electorales estatales.
En las últimas elecciones para elegir gobernador en Coahuila, cerradas como nunca en la historia, si alguien generó dudas e incertidumbres fue precisamente el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). No solo por las fallas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), o por la diferencia entre el conteo rápido y el propio PREP, sino por las denuncias de los candidatos de todos los partidos por la tardanza en la apertura de las casillas. Declararon ventaja de un candidato, luego del otro, pasaron días y la elección se resolvió, como se está volviendo costumbre en el país, en los tribunales y no en las urnas.
De poco o nada han servido los señalamientos que candidatos, partidos e instituciones de la sociedad civil han sugerido al IEC, en las últimas elecciones. En ocasiones parece un órgano desangelado, con poca posibilidad de ejercer autoridad y se vuelve el centro de atención únicamente cuando reparte los miles de millones de pesos que suele dar a los institutos políticos, claro está, de acuerdo con lo que señala la ley. Sus resoluciones parecen llamados a misa, o recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos, decorativas más que coercitivas.
Tanto a nivel nacional como estatal, y más cuando se viven momentos críticos de polarización, lo que más firme se necesitan son las autoridades. Precisamente esos árbitros que deberían dar certeza a la ciudadanía y no generar esos vacíos que terminan poniendo en duda la democracia, no por los procesos y su estructura, ya de por sí débiles, sino por el comportamiento de las instituciones creadas precisamente para hacer cumplir la ley; y tendríamos que aclarar las fallas en esas instituciones básicamente de deben a quienes las representan.
El periodo de Gabriela de León Farías frente al Consejo General del IEC está por concluir, y aunque se debe destacar como logró importante el nombramiento de una mujer frente al órgano estatal, en las 165 elecciones que tuvo a su cargo durante los siete años de su periodo, prácticamente pasaron de puro trámite. No quedaron propuestas de modernización de la institución, ni antecedentes de autoridad, y por más que se digan pioneros en el modelo de urna electrónica, los vicios elección tras elección siguen siendo los mismos.
Una de las principales preocupaciones de la sociedad con los organismos que regulan las elecciones tanto en México como en Coahuila, es su cercanía con los partidos políticos. Aunque cuando el voto de la ciudadanía ha sido determinante, han respetado la alternancia, y al menos a nivel nacional han tenido que declarar presidente a militantes de tres partidos políticos diferentes. Su papel en los procesos ha quedado a deber y por mucho.
Tanto los mecanismos de selección de los consejeros, como la participación de la sociedad civil en estos organismos, debe ser tema de debate, si a nivel nacional, como está sucediendo, pero también a nivel estatal. De nada sirve que una institución exija rendición de cuentas, transparencia y registro de plataformas claras a los candidatos sino cuando no lo cumplen no tienen facultad de sanción. Llevar a los tribunales las elecciones, como ha sucedido en muchas entidades del país recientemente, habla mucho de los procesos, pero también de quien los organiza.
Coahuila elegirá el próximo año gobernador para un nuevo periodo, y aunque ha quedado demostrado que la guerra sucia ya no define una elección, esas prácticas estarán a la orden del día, por lo que ahora más que nunca se requieren organismos electorales sólidos, que ofrezcan certeza y que exijan si, que los candidatos respeten las reglas del juego y se sometan a ellas, como debe ser, pero que también lo hagan con los funcionarios públicos en ejercicio. Y eso, claro está, debería incluir a los legisladores, diputados y senadores, que, en muchos estados, incluyendo Coahuila, trabajan más por sus partidos que por la ciudadanía y se les olvida que ya no son candidatos.
Una elección bien organizada nos da garantías, y pierda o gane el candidato de nuestra preferencia, esa garantía motiva al respeto. Es lógico que las instituciones no deben por ningún motivo desaparecer, pero eso no implica que estén llenas de vicios y quienes se encargan de ellas las usen a modo, por lo que las reformas deben buscar eso, mejorarlas.
@uyohan
