Mi colega Manuel Valencia y un servidor destinamos la mayor parte de nuestras colaboraciones en esta columna en temas ambientales, particularmente sobre tópicos de esta región, de hecho, esta editorial la heredamos, con el consentimiento del periódico, de la maestra Magda Briones. Sin embargo, al igual que ella, en algunas ocasiones abordamos otros temas, en particular aquellos que tienen que ver con ejercicio de ciudadanía que corresponden al título de la misma. En esta ocasión haremos una de esas excepciones.
La gobernanza es un concepto inherente a las sociedades democráticas, su definición implica que en existen marcos normativos, políticas públicas y una cultura y práctica del ejercicio del poder público entre los gobernantes y los ciudadanos, donde se privilegia la construcción de consensos en la atención y solución de los problemas propios del desarrollo del país o de los territorios locales en que este se divida.
En ellas el ejercicio de la ciudadanía es una constante en la organización y funcionamiento de la sociedad y el gobierno, por el contrario de las sociedades antidemocráticas o de escaso desarrollo democrático, donde existe un divorcio entre ambos o la constante es una relación tensa, conflictiva, entre los ciudadanos y los gobernantes.
La dificultad de construir consensos en el ejercicio del poder público se origina en la divergencia de intereses entre unos y otros, particularmente cuando los gobernantes lo ejercen priorizando sus intereses grupales o partidistas sobre el interés público, el interés de los ciudadanos: la aplicación de políticas públicas incompatibles con el interés ciudadano resta legitimidad a los gobernantes. La legitimidad es fundamental para el ejercicio democrático ya que el acceso de los gobernantes al poder público no solo debe basarse en reglas formales (leyes) que otorgan la legalidad a los procesos de elección, sino también debe tener el consenso mayoritario de la sociedad.
La gobernanza también implica que exista una línea clara entre Sociedad Política y Sociedad Civil, integrada la primera por el conjunto de actores que desempeñan funciones dentro de los poderes del Estado, mientras que en la segunda se ubican quienes desarrollan sus actividades en el ámbito privado. Si bien esa línea divisoria no es nítida porque finalmente quienes se desempeñan en el ejercicio del poder público son también ciudadanos que tienen una vida privada, o quienes se desempeñan en esta se encuentran en constante interacción con las instituciones y los funcionarios del Estado: la relación transparente entre Sociedad Civil y Sociedad Política abona en la legitimidad de los gobernantes y estos ejercen el poder público con el apoyo de los ciudadanos.
Los mexicanos vivimos en una sociedad donde se han obtenido importantes avances en la construcción y práctica de la democracia, pero a pesar de estar lejos de tener una vida democrática plena, a diferencia de otras sociedades, aun podemos dirimir los conflictos o controversias por medio pacíficos. No podemos afirmar que nos rige un estado de derecho, pero aún recurrimos a los medios legales para dirimir nuestras diferencias, y si bien es frecuente que las instituciones del poder judicial aplican la ley con parcialidad y quienes tienen mayor capacidad económica adquieren ventajas con respecto a los que la carecen, algunos creemos posible vivir civilizadamente en nuestra sociedad.
Quizás la pregunta que algunos nos formulamos es sobre cuantos ejercicios de gobernanza tenemos u observamos en nuestro país o en la región. La primera respuesta nos la da el marco normativo vigente, el cual si bien ha avanzado en la construcción de una democracia representativa en la que podemos elegir nuestros gobernantes, debemos reconocer el escaso avance en la construcción de una democracia participativa, apenas estamos viviendo el primer ejercicio de revocación de mandato de un presidente de la república, con la amplia polémica que esto ha generado y que para algunos, sesgados por su percepción ideológica, la rechazan cuando debe ser una práctica constante en nuestro país, independientemente de quien nos gobierne.
Localmente también observamos marcos normativos restrictivos, simplemente las leyes y reglamentos de participación ciudadana estatales y municipales aún dejan mucho que desear, tal pareciera que tenemos temor de democratizar la vida pública, algo entendible cuando vivimos casi un siglo en un entorno donde la simulación democrática era la constante.
Sin embargo, también debemos reconocer que dentro de esos marcos normativos limitados se están construyendo ejercicios de gobernanza, en ámbitos que responden a procesos específicos que en algunos casos presentan fragilidad al carecer de los soportes legales que les dé solidez institucional. En algunos casos se avanza, con lentitud, como en la integración metropolitana donde se está logrando construir las bases de una mayor coordinación, pero falta la construcción de los consensos con la sociedad, más allá de las entidades de gobierno, o en otros se han disuelto como ocurrió en un área natural protegida o en otra sigue siendo frágil.
Lo cierto es que en la construcción de la democracia puede avanzarse en los ejercicios locales de gobernanza, consolidando los pocos que se nos presentan e innovando en otros en tanto se modifican esos marcos normativos.
