Hace una semana, después de que causara revuelo en redes sociales la existencia de un grupo de Facebook en donde se "quemaba" a los hombres que no cumplen con su obligación de ministrar alimentos a sus hijos/as y se denunciaba la falta de respuesta ante esta problemática por parte del Poder Judicial del Estado; el magistrado Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza anunció que, a partir del próximo 15 de febrero, se hará público el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios como una herramienta para "apoyar" a las mujeres.
Así mismo, según una nota recuperada en El Siglo de Torreón del pasado 3 de febrero, el magistrado Mguel Mery Ayup informó que, de cada cuatro niños con padres divorciados o separados, sólo uno recibe pensión alimenticia; además, reconoció que, para los juzgados es complicado administrar justicia cuando los deudores alimentarios generan estrategias para no contar con comprobación de ingresos.
Descrito lo anterior, resulta evidente que en el fondo de este asunto, lo importante es asegurar los alimentos para los niños, niñas y adolescentes.
Las madres desesperadas por no contar con los recursos económicos suficientes para sostener a sus hijos, recurrieron al escarnio social y moral mediante las redes sociales para presionar a los deudores alimentarios a cumplir con su obligación. Por otro lado, el Poder Judicial del Estado reaccionó anunciando la publicación del registro estatal antes mencionado.
¿Es ésta la respuesta que las madres coahuilenses requieren por parte del Estado? No. No es suficiente, ya que la sola publicación del padrón no resolverá su principal demanda, que es el contar con los recursos económicos necesarios para sostener a sus hijos/as, ante la desobligación de sus padres.
Esta problemática no debe analizarse desde un plano de relaciones individuales entre deudor y acreedor alimentario; es un problema social, en donde el estado debe intervenir estableciendo los mecanismos necesarios que permitan cumplir con la obligación constitucional de salvaguardar la integridad física, emocional y psicológica de los menores.
Desde la Clínica Jurídica de la Ibero Torreón, proponemos la creación de un Fondo Estatal de Alimentos para las Infancias, con el objetivo de que, una vez que en un asunto judicializado sea imposible materialmente el cumplimiento de un pensión alimenticia a favor de menores de edad, el Estado se haga responsable por un tiempo determinado de la ministración de los mismos, mientras tanto se judicializa penalmente, en los térmimos del Código Penal del Estado de Coahuila el incumplimiento de la pensión alimenticia, a efecto de que el deudor alimentario cumpla con su obligación y resarza el monto económico erogado por el Estado.
Consideramos que esta sería una medida real de política pública a favor de las infancias. No querramos descubrir el hilo negro; en Francia, Portugal, Italia, España, estás políticas ya existen.
