Hasta el momento no hay ninguna denuncia y la FGEC desconoce quién es el propietario legal.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó que desde el inicio del posicionamiento de un predio en la zona industrial de Frontera, la representación social abrió una investigación, pues la invasión a terrenos puede constituir un delito penal.
Rodrigo Chairez Zamora, titular de la dependencia, explicó que la posesión de un predio tiene, de acuerdo con las características individuales de la situación, una connotación legal diferente, por lo que se debe investigar para establecer la situación.
Agregó que por un reporte la FGEC tomó conocimiento de la invasión al predio ubicado en el libramiento Carlos Salinas de Gortari esquina con Fundición de la zona industrial del municipio de Frontera.
Señaló que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se presentaron en el lugar para tomar conocimiento de los hechos.
Hasta el momento no hay ninguna denuncia penal y la FGEC desconoce quién es el propietario legal o cuál es la situación jurídica del predio antes o durante la invasión.
Mediante orden de un juez y después de una demanda debidamente judicializada podría ordenarse el desalojo del lugar.
Reconoció que bajo determinadas circunstancias el Ministerio Público podría también ordenar el retiro de las personas del terreno, pero reiteró que se trata de características muy puntuales en las que haya elementos necesarios para que se tome esta decisión.
Explicó que por el momento la FGEC investiga la situación y se mantiene a la expectativa, espera que haya una denuncia ante el ministerio público y que se aclare la situación jurídica de los 226 hectáreas posesionadas desde el domingo.
EN EL 85 HABÍAN INVADIDO EL MISMO PREDIO
El comisariado ejidal del ejido Villa Frontera pidió las autoridades intervenir de manera inmediata para proteger el patrimonio de los comuneros; señaló que no quiere que se repita lo ocurrido en 1985 cuando una persona murió en un desalojo del mismo terreno.
El representante de los comuneros, Juan Manuel García Limon, explicó que en aquel año un grupo de paracaidistas se posesionó del mismo predio y los campesinos lo enfrentaron.
En 1985 el comisariado ejidal de aquel entonces habló con el gobernador del estado y le pidió que enviara a elementos de policía a desalojar el terreno, presentó denuncia ante las autoridades y recurrió al Gobierno federal también, por ser tierra ejidal.
Explicó que ninguna autoridad atendió los llamados y los campesinos en defensa de su patrimonio acordaron en la samblea acudir al lugar y desalojar a los precaristas.
Los invasores enfrentaron a los comuneros y el choque entre ambos grupos dejó como saldo varios heridos y la muerte de uno de los participantes.
El resultado fue que algunos campiranos fueron detenidos y la actual mesa directiva del comisariado ejidal no quiere que se repita la historia en la que se pierdan vidas y se prive de la libertad de la gente que solo defiende lo que le pertenece. García Limon reiteró que hace un llamado a las autoridades gubernamentales para que desalojen a quienes pretenden apropiarse de las tierras.
