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La violencia familiar ocupa los primeros lugares de prevalencia en Coahuila y la gran mayoría de las llamadas en el número de emergencias 911. No obstante, las políticas públicas han sido insuficientes para reducir este delito, que desde la pandemia ha crecido considerablemente.
Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas de Violencia en el Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos A.C. (Incide Femme), advirtió que la ausencia de trabajo ha creado muchas enfermedades mentales que se manifiestan en violencia e indicó que diversas instancias municipales y estatales revisan esta problemática, incluso la Secretaría de Salud, Fiscalías y Seguridad Pública, el Poder Judicial, entre otros, pero aun así no se logra bajar la incidencia.
Consideró que existen áreas de oportunidad en términos de la prevención, que no ha sido bien orientada o practicada y requiere fortalecerse, con campañas permanentes de educación, pues no es normal que los hombres se sientan dueños del cuerpo de las mujeres, niñas y niños, incluso de otros hombres que son menos fuertes.
Otro punto es hacer comunidad, que está rota y deshecha, pues no es normal que se escuchen los gritos de la vecina por los golpes de su pareja o el llanto de los niños por la violencia y que los vecinos opten por no hacer nada, cuando es una problemática que afecta a toda la sociedad. Indicó que la Secretaría de Educación requiere trabajar con los niños en las escuelas sobre estos temas, así como las empresas brindar la capacitación.
Otro aspecto a mejorar es la agilidad en las medidas de protección, que pueden ser ante el Ministerio Público, al realizar la denuncia, pero también pueden promoverse ante los jueces como orden de protección, sin denuncia.
