Es posible que en el VI Congreso Nacional de Agua para Todos, previsto para octubre en la Comarca Lagunera, norte de México, con el título "Salvemos nuestros ríos, el agua robada será recuperada", se comparta la experiencia de Chile en materia de agua. El 25 de marzo pasado, apenas entró el presidente de aquel país sudamericano, Gabriel Boric, anunció la aprobación y publicación del nuevo Código de Aguas de Chile, equivalente a la mexicana Ley de Aguas Nacionales, sólo que es profunda la diferencia. Allá, quedan inscritos dentro del marco normativo el derecho humano al agua y al saneamiento y el reconocimiento del agua como parte importante de la naturaleza por sus funciones ecosistémicas, lo cual representa, según analistas del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), un golpe de timón hacia la rectoría del Estado y el cuidado de la vida, distanciándose, creo, de la política hídrica neoliberal que perduró de la época del dictador Augusto Pinochet al régimen de Sebastián Piñera, que consideraban al agua como mercancía. En México, por el contrario, aún con la 4T, sigue el sistema mercantil y suspendida la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, incluso cuando la Constitución federal mandata y establece tal derecho humano desde el 2012.
Nació la coordinadora nacional Agua para Todos precisamente en diciembre de 2012, luego de la IV Asamblea de la Red de Vigilancia Interamericana por la Defensa y el Derecho al Agua, y del Foro Internacional "El derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones: avances y retos en América Latina", organizados por la pionera Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) en aquel octubre en Ciudad de México, con la entendible reserva de la experiencia ciudadana de Chile, que resistía a la privatización del agua y ascendía el movimiento después triunfal Patagonia Sin Represas.
Ahora compartirían su experiencia en el congreso nacional previsto en La Laguna.
En Chile -donde el 4 de septiembre hay referéndum de nueva Constitución-, la visión neoliberal dio lugar a la cesión de derechos de agua de forma gratuita y a perpetuidad a privados, convirtiendo los derechos de agua en bienes privados de empresas e individuos. Era un mercado de agua donde se podían comprar, vender, intercambiar, hipotecar o arrendar estos derechos sin ninguna intervención del Estado. La privatización del agua llevada a su máxima expresión.
El resultado fue: sobreexplotación de cuencas y acuíferos, incrementada escasez de agua. Chile era el número 18 de 164 países con estrés hídrico.
Se documentó el incremento de la demanda de agua para agricultura e industria, aunado a la mega-sequía de 2019, que registró déficits de agua de hasta 70 %, hizo evidente que la mano invisible del mercado no estaba funcionando de la mejor manera en materia hídrica.
El mal funcionamiento del mercado de agua se documentó también a través del incremento en la conflictividad hídrica en Chile, señalan los investigadores del IMTA Adrián Pedrozo y Amalia Salgado.
El mapa de conflictos ambientales de Chile, publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, registra 127 conflictos ambientales, de los cuales 44 % está relacionado con agua; un alto número llegó a instancias judiciales.
Según Pedrozo y Salgado, estos conflictos sociales y la escasez que impone reducción en las cadenas de producción de su economía presentaron un escenario de alta complejidad y dinamismo que obligó a toda la sociedad chilena a retomar la discusión de hacia dónde dirigir el nuevo marco jurídico del agua en ese país.
Se hizo evidente que la nación chilena debía establecer que su agua es asumida como bien público, y que es importante, desde esa visión, la rectoría del Estado para su administración.
Desde el 2011 inició la discusión del proyecto de ley que buscaba reformar el Código de Aguas.
De entonces a la fecha, tras la mega-sequía, los conflictos sociales por agua, la crisis climática y el trance sanitario por Covid-19, el Estado chileno abrió puertas a las voces que impulsaban el golpe de timón en materia hídrica.
Con la promulgación del nuevo Código de Aguas -dicen los analistas del IMTA- inicia la transformación del rumbo de la política hídrica de Chile, "pues representa profundos cambios en materia de concesiones y de aprovechamientos de las aguas, de implementación de programas hídricos y de investigación. Asimismo se introduce una perspectiva ecosistémica que toma en cuenta los efectos del cambio climático".
El Código de Aguas chileno, a darse a conocer en La Laguna, norte de México, destaca ocho cambios, en los que sobresale el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento y limitaciones al ejercicio de derechos de aprovechamiento. El agua es, pues, en cualquiera de sus formas un bien nacional de uso público.
Falta ver la reacción de los pueblos originarios y de la nación Mapuche.
@kardenche
