Uno de los sectores más olvidados en el presente sexenio ha sido la justicia local, la que se imparte en las entidades federativas. Mientras que la justicia federal ha seguido un largo trayecto histórico de modernización, apuntalado recientemente por la reforma judicial de marzo y junio de 2021 que fue promovida por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, en lo referente a la justicia del fuero común el tiempo parece haberse congelado.
Los legisladores del Congreso de la Unión ni siquiera han podido expedir la regulación que está ordenada constitucionalmente para el proceso civil y familiar que les corresponde administrar precisamente a los juzgadores de cada entidad federativa.
Para millones de personas, sin embargo, del correcto funcionamiento de la justicia local dependen aspectos fundamentales de sus vidas. Es en ese primer contacto con el poder judicial en el que se decide si los hijos de un matrimonio que se acaba de disolver se van a quedar con uno o con otro de los cónyuges; es ahí donde se deben tramitar las cuestiones siempre urgentes del arrendamiento inmobiliario; son esos jueces y juezas las que resuelven los temas mercantiles que permiten que sobreviva un pequeño negocio o que terminan por hundir el barco de un emprendedor.
En términos generales, México lleva décadas de retraso en las inversiones que requiere la impartición de justicia.
México no podrá salir adelante y hacer frente a sus enormes problemas si no invierte más recursos financieros, de infraestructura y humanos en sus aparatos de justicia. Es obvio que el dinero escasea en todos los rubros y que la política de "austeridad republicana" ha supuesto un grave retroceso, pero la justicia debe ocupar un lugar en la lista de pendientes del Estado mexicano.
Cuando se habla de invertir en justicia siempre pasan por delante otras prioridades, otras urgencias, otras cosas de mayor relieve. El resultado está a la vista: cientos de miles de expedientes atorados y sin resolución, pleitos que tardan años en ser resueltos, corrupción en algunos tribunales, personal rebasado por las cargas de trabajo y desmotivado por la falta hasta de espacios dignos para trabajar. Es momento de voltear a ver a la justicia local, la gran olvidada del debate que el país necesita con urgencia.
