Si algo ha caracterizado al gobierno de la Cuarta Transformación es la capacidad para sacar adelante las reformas que ha creído importantes para llevar a cabo su proyecto de nación. Así, con todo y el pesar de una clase empresarial indiferente a las necesidades de sus trabajadores, logró eliminar la tramposa figura del outsourcing. Revocó la Reforma Educativa del anterior gobierno (que no fue reforma y mucho menos educativa). Los marcos legales que permitieron la eliminación del fuero y los privilegios políticos, revertir la privatización del agua, o reglamentar la ley de salarios mínimos, entre otros; no han sido poca cosa en términos políticos y de gobierno.
Sin embargo, ni el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha desacralizado la figura presidencial, se ha resistido a conservar los viejos vicios de un poder judicial (tanto federal como estatales) que permiten que un presidente o un gobernador, puedan poner a un magistrado, incluso aunque este no tenga carrera judicial, ni experiencia, ni conocimiento en el ramo. Algo impensable en otros países latinoamericanos, donde se han dado luchas históricas para definir la separación de poderes y hacer de la justicia un aparato al servicio de la nación y no de los partidos.
Revisando los requisitos necesarios que piden otros países a los interesados en ocupar una silla en las cortes o tribunales estatales, queda claro que son puestos a los que se llega tras una carrera en el poder judicial. Es decir, un ciudadano no puede ser magistrado sin haber sido juez de primera y segunda instancia, sin haber sido catedrático en derecho mínimo diez años, o sin haber litigado una década, al menos así es en Colombia, Chile, e incluso en Bolivia; donde les piden además publicaciones académicas en derecho.
Pero desde que las elecciones se resuelven en los tribunales y no en las urnas, como ha pasado al menos en los últimos cuatro comicios importantes en México. Desde que los partidos políticos han aprendido que el poder judicial también es un arma efectiva contra los que piensan diferente. Y desde que los gobernantes han visto en la justicia otro campo para acomodar a los malos políticos que no quieren cerca de su gobierno, pues nadie ha pensado en la necesidad de una reforma que cree las condiciones necesarias para que el poder judicial en México sea independiente.
Incluso los pocos intentos de reforma que se han presentado, como el publicado en marzo del año pasado en el diario del Poder Judicial de la Federación, de las primeras cosas que pretendía era prorrogar la estancia de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Y eso que en el proyecto de ley se citó en varias ocasiones los ejemplos de Costa Rica y Colombia, la importancia de sus cortes constitucionales, pero sobre todo la independencia de estás.
Pero como la polémica de la ampliación de mandato al presidente de la Corte Suprema se robó los reflectores, pocos espacios quedaron para analizar el resto, y si bien, es de reconocer que se fortaleció la carrera judicial, así como los mecanismos para combatir la corrupción, y gracias a esta iniciativa el Consejo Superior de la Judicatura ahora es más robusto, lo que pasó por alto la reforma fue el origen de los ministros de la corte, que en muchas ocasiones, no responde a un respaldo democrático, o de carrera, sino a intereses políticos y económicos, incluso en la corte parece estar claro quienes son que llegaron por el PAN, PRI o Morena.
Cuando uno se pregunta, a qué poder judicial hacen referencia los magistrados estatales, al menos en Coahuila y Durango, cuando entregan sus informes como si fueran políticos electos por la vía del voto y no funcionarios nada más y nada menos que de la rama judicial, porque cuando uno escucha al ciudadano de a pie, que lleva años esperando una sentencia, o a los jueces que tienen abiertas miles de carpetas por la saturación de los despachos, y la pesada burocracia protegida por el sindicato, no se ven las maravillas que presumen.
En las democracias efectivas los jueces y los magistrados se mantienen al margen de las administraciones públicas, no se pasean con los políticos que los pusieron como si pertenecieran a su partido, no, la justicia debería ser independiente. Afortunadamente, los políticos no pueden meter mano en la estructura de las fuerzas armadas, sino, estarían nombrando generales a funcionarios que nunca han sido militares, y vaya que eso si es un error.
Es urgente una reforma al poder judicial que se concentre más en la independencia de este poder, fundamental para construir nación y sociedad, que en hacer de la justicia un tablero de ajedrez donde el presidente y los gobernadores ponen sus fichas para después moverlas cada vez que se ven en jaque. Mientras que al único que un día sí y otro también le cantan el mate, es al ciudadano que tiene que acudir a un juzgado o a un tribunal, con la esperanza de que alguien tutele sus derechos.
@uyohan
