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A fin de evitar que toda correspondencia o comunicación dirigida a la Comisión de Derechos Humanos sea objeto de censura por parte de funcionarios y servidores públicos de los centros de detención o reclusión, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso la modificación del artículo 38 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango.
El diputado Fernando Rocha Amaro, a nombre de los legisladores del PAN, presentó la iniciativa considerando que quienes se encuentran privados de su libertad tienen derecho a que se les reconozcan y respeten sus derechos humanos, como a cualquier que no se encuentre en situación de cárcel.
Al dar a conocer la propuesta en la máxima tribuna del estado, Rocha Amaro especificó que la iniciativa prevé que, en caso de conocimiento de censura o interferencia en las comunicaciones dirigidas a la CEDH, ésta deberá dar parte a la autoridad competente para que se finque la responsabilidad y sanción correspondiente.
“Nuestras constituciones, la que rige la vida nacional, así como la local, expresan claramente que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad”, argumentó el legislador en su intervención.
Con ello, la falta de respeto a su dignidad y acciones que impidan una adecuada reinserción a la sociedad, pueden ser motivo de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Encontrarse en calidad de reclusos no merma ni disminuye su calidad y el ejercicio de otros derechos humanos, ni las prerrogativas que le concede la ley; siguen teniendo derechos que deben ser respetados como la facultad de queja por la posible violación a dichos derechos, misma que podrá presentarse de forma oral, por escrito o incluso por lenguaje de señas y podrá formularse por cualquier medio de comunicación eléctrica, electrónica o telefónica”, recalcó Fernando Rocha Amaro.
