El 15.8 % de la población de 18 años y más ha enfrentado alguna situación de acoso y violencia sexual en lugares públicos. (EL SIGLO DE TORREÓN)
En la ciudad de Durango el 15.8 por ciento de la población de 18 años y más ha enfrentado alguna situación de acoso personal y violencia sexual en lugares públicos.
Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con datos recabados del 30 de mayo al 15 de junio del año en curso. La encuesta arrojó que, de 413 mil 140 personas de 18 años y mayores, 65 mil 264, el 15.8 por ciento, ha enfrentado alguna situación de acoso personal y violencia sexual en lugares públicos. El Inegi precisa que, de la cantidad de personas afectadas, 13 mil 182 son varones (6.9 %) y 52 mil 082 son mujeres (23.4 %).
A nivel país, de 43 mil 930 175 encuestados, siete millones 409 mil 083 (16.9 %) ha enfrentado alguna situación de acoso personal y violencia sexual en lugares públicos.
La ENSU compartió que un millón 441 mil 778 personas (7.2 %) son del sexo masculino y cinco millones 967 mil 305 (24.8 %) son del sexo femenino.
Por otra parte, en junio de este año el 67.4 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades en las que se realizó la encuesta, consideró que es inseguro vivir en su ciudad.
Lo anterior representa un aumento estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2 por ciento, pero no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a junio de 2021, que fue 66.6 por ciento. En el caso de la ciudad de Durango se registró una disminución en la percepción social sobre inseguridad pública, del 45.1 al 44.1 por ciento.
Para proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna de seguridad pública en el país, la ENSU cuenta con una periodicidad trimestral.
Esta mide la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales y el desempeño gubernamental.
También mide la frecuencia de movilidad, los hogares víctima o con algún integrante víctima, las personas víctimas de actos de corrupción por autoridades de Seguridad Pública, así como el acoso personal y violencia sexual.
