Rosa María Salazar Rivera, directora de Fundación Luz y Esperanza. (ESPECIAL)
La Fundación Luz y Esperanza en Coahuila manifestó que del cien por ciento de los casos de violencia familiar que se denuncian en Coahuila, el 67 % concluye por suspensión condicional, no obstante, se desconoce cuál es el seguimiento que se da a la víctimas, una vez cerrados los casos.
Tras participar en el evento “Hallazgos desde lo local y el 3er Diálogo sobre Justicia Penal en Coahuila”, organizado por México Evalúa, para analizar las acciones en materia de Violencia Familiar, Rosa María Salazar Rivera, directora de Fundación Luz y Esperanza manifestó que la violencia familiar es uno de los delitos con mayor incidencia en el estado de Coahuila con más de 11 mil carpetas de investigación iniciadas en 2021.
Rosa María resaltó la importancia del diálogo sobre estos delitos, esto con el fin de encontrar soluciones.
“Me parece que es una buena práctica tener un diálogo entre sociedad civil e instituciones de este trabajo tan interesante que hace México Evalúa, porque tiene infinidad de información que vale la pena revisar puntualmente, y ver cuáles son las áreas de oportunidad respecto a los temas de violencia familiar y el narcomenudeo y la violencia familiar”, dijo.
Fue durante su intervención sobre el tema de violencia Familiar, que Rosa María Salazar cuestionó a la titular del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, Leticia Beatriz Charles, así como al fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, sobre los indicadores de desempeño de atención a mujeres violentadas.
“Se desconocen los indicadores de desempeño sobre la atención a las mujeres en los Centros de Justicia y Empoderamiento, incluyendo los que están en los hallazgos de México Evalúa, además de la incidencia de mujeres que se clasifican como violencia de alto riesgo o tentativa de feminicidio; el porcentaje de mujeres que llevan un tratamiento integral y se desconoce el porcentaje de mujeres que cuentan con medidas cautelares y que nuevamente son agredidas”, sostuvo.
Mencionó que el delito de violencia familiar tuvo un incremento del 26.8% en comparación al año 2020, con 11,772 denuncias, lo que significó una tasa de 361 casos por cien mil habitantes, todas con carpetas de investigación.
No obstante, resaltó que más de la mitad de los casos, con 67.70% se concluyeron por suspensión condicional del proceso y el 16 % por juicio abreviado; en donde ambos casos se dictan medidas cautelares que son supervisadas.
En ese sentido cuestionó acerca del seguimiento de los casos que concluyen por estas dos vías.
Por otro lado, resaltó que el índice de impunidad de casos de violencia familiar que ingresan al sistema de justicia penal que no reciben una respuesta satisfactoria ya sea por sentencias, salidas alternas o determinaciones ministeriales es del 77.2%.
“Un problema grave en el estado con una tasa de 361 casos por cien mil habitantes, muy superior a la nacional”, destacó.
