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El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo durante su conferencia matutina que se "equivocó en sus propuestas que hizo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal acusó que ya en el cargo cambiaron de parecer o ya no están pensando en el proyecto de transformación y de hacer justicia.
El mandatario federal aseguró que no se siente traicionado por estos ministros, sino que ahora le cuesta contar con cuatro de los 11 ministros del Máximo Tribunal. Manifestó que "de chiripa" los ministros no declararán como inconstitucional la pasada Ley Eléctrica.
Acusó que "ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos", al tiempo que aseguró respetar las decisiones de los jueces.
En ese sentido, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa se corre el riesgo de que queden en libertad 92 mil personas sujetas a prisión preventiva por delitos como secuestro, narcotráfico y feminicidio.
Las declaraciones surgen en un momento clave del Gobierno federal, que a horas de entregar el Cuarto Informe de la Administración lopezobradorista y destacar las acciones para combatir la inseguridad, así como la creación de la Guardia Nacional, el futuro de este cuerpo de seguridad se encuentra bajo debate sobre si pasa o no a mando castrense.
Eliminar la prisión preventiva oficiosa provocaría un revés a la estrategia de seguridad del Gobierno de López Obrador que lucha con las críticas y la polémica de mudar la Guardia Nacional a la tutela operativa y administrativa de la Sedena.
Esto llevó a los legisladores a iniciar su periodo de sesiones con el debate de la reforma a dicho cuerpo de seguridad, mismo que al cierre de esta edición aún no terminaba.
La propuesta fue presentada ante el pleno por el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, con cambios mínimos en la exposición de motivos.
Sobre una eventual eliminación de la prisión preventiva oficiosa, el pleno de la Suprema Corte mantiene una discusión a dicha figura jurídica.
La restricción de la libertad de la persona detenida debe estar plenamente fundamentada y motivada en alguna de las modalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sea de manera oficiosa o sea de manera justificada.
Cabe recalcar que la prisión preventiva justificada la solicita el Ministerio Público ante un juez, quien decide, con base en los medios de prueba y supuestos específicos, si la medida es idónea para el caso concreto. La oficiosa, en cambio, la debe dictar automáticamente el juez, cuando a la persona se le vincule al proceso por alguno de los delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución.
