ARCHIVO
La Asociación Luz y Esperanza en Saltillo lamentó que debido a que existe dilación en la indagación de los casos de violencia contra las mujeres, sus medidas de protección caducan antes de que se judicialicen los casos, lo que provoca que éstas sean expuestas de nuevo para ser violentadas.
De acuerdo a la directora, Rosa María Salazar, los ministerios públicos continúan fallando en la integración de las denuncias por violencia contra las mujeres, pues éstas dilatan varios meses, debido a que no se apegan a la norma.
Indicó que las denuncias no avanzan como deberían ante la mala integración de las carpetas de indagación.
“Cuando una mujer llega a denunciar, recibe la denuncia, integra la carpeta con lo que se denuncia, además con la opinión de una psicológica y testimoniales”, explicó.
No obstante, indicó que este proceso de solicitar la opinión y contactar testigos, a veces tarda hasta dos meses, que es lo que duran las mujeres en el refugio.
“No hay una agilidad, sin embargo, la sentencia del caso del campo algodonero, dictada hace años, señala que los casos deben de indagarse con toda diligencia, es decir prontitud y apego a las normas, pero no es así”, dijo.
Indicó que al principio de los casos que se atienden en el refugio, hubo rapidez en la integración de las denuncias, no obstante, actualmente se encuentran “atoradas”.
“Las que tenemos no han avanzado y todo debe tener una lógica, pues la ley da acceso a las mujeres para una vida libre de violencia, dice que quienes denuncien al llegar al ministerio público, se le debe de dar una orden de restricción de 60 días y si es posible otra más de 30”, dijo.
Explicó que esto se hace con el objetivo de que en este tiempo indague y solicite al juez una audiencia para que esta medida cambie y establezcan medidas cautelares, pero hasta por seis meses.
No obstante, los ministerios públicos se atrasan en la indagación de los casos, por lo cual las órdenes de 60 días caducan sin que se judicialicen.
Por otro lado, recordó que las medidas de protección según el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe ser ratificada por el juez de control, lo cual tampoco se hace.
“Por lo anterior, son muy aletargados los procesos, muy difíciles y aunque son muchas las denuncias y pocos los ministerios, esto provoca que un proceso no se dé con la debida rapidez“, dijo.
