Este lunes se conmemoran ocho años del caso Ayotzinapa con las exigencias de justicia y acción.
El papel de algunos militares, tanto en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro del caso de desaparición masiva, mientras el Gobierno federal emprende reformas constitucionales para otorgar mayores beneficios a las Fuerzas Armadas.
La Comisión de la Verdad apuntó en agosto que se trató de un "crimen de Estado", y documentos que obtuvo señalan que fueron elementos de las Fuerzas Armadas quienes ordenaron asesinar a algunos de los normalistas; asimismo, manipularon y escondieron parte de sus restos, indicios que la Fiscalía General de la República debe investigar.
Recientemente fueron detenidos tres miembros del Ejército, al igual que el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, pero el hecho de que la Fiscalía haya retirado órdenes de captura de más de una docena de militares ha generado preocupación.
Como respuesta a dicha medida, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador inició una demanda contra el impartidor de justicia que dio dicha órden.
Mientras tanto, los padres siguen sin saber el destino de los estudiantes. Presuntamente todos fueron asesinados, aunque sólo se han encontrado restos de tres de ellos.
Este lunes se conmemoran ocho años del caso Ayotzinapa con las exigencias de justicia y acción por parte de los padres de familia de los normalistas desaparecidos.
Padres de los normalistas han reiterado en diversas ocasiones sus sentimientos de frustración, decepción y coraje, pues aseguran que a cuatro años de la presente administración siguen sin conocer el paradero de sus hijos, a pesar de las promesas que les hizo el titular del Ejecutivo federal durante su campaña presidencial.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, dijo que la versión oficial, obtenida con base en declaraciones bajo tortura y manipulación de pruebas, "se diseñó en los más altos niveles del Gobierno federal", incluidas reuniones en la Presidencia de la República, bajo la Administración priista de Enrique Peña Nieto.
Cuando desaparecieron los estudiantes, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional era el general Salvador Cienfuegos, quien en 2020 fue detenido y acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, aunque luego se le retiraron los cargos y fue entregado a México y liberado.
Cabe recordar que ese mismo año, el 2014, el Ejército fue acusado de cuando menos ocho ejecuciones extrajudiciales.
