En un par de días se llevará finalmente a cabo la consulta para la revocación de mandato presidencial que el propio Jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador promovió para sí mismo. Esta novedosa figura jurídica instaurada en nuestro ordenamiento constitucional apenas en este sexenio, fue creada para que dentro del cuarto año de ejercicio del sexenio, el presidente en turno pueda ser sometido a la urnas si llegado a esta instancia debe terminar anticipadamente su sexenio (4 años) o si puede continuar hasta el final.
Así pues a primera vista, contar con el instrumento de Revocación de Mandato pareciere que viene a complementar los derechos políticos de los ciudadanos, al proporcionarse esta herramienta legal y democrática que permite participar activamente en democracia si se puede tener una evaluación mediante voto democrático del titular del ejecutivo federal.
Sin embargo, desafortunadamente en esta ocasión la promoción para la celebración de la Revocación de Mandato, nace viciada de origen. Si lo que se persigue con esta figura es retirar del poder a aquel presidente que el pueblo considere que está haciendo mal las cosas, en que en esta ocasión sea el propio Andrés Manuel López Obrador quien haya propiciado las condiciones para que se pueda llevar a cabo esta consulta, que debe por ley cumplir con los siguientes requisitos:
Ser convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE) a petición de la ciudadanía, en número equivalente al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, correspondientes a por lo menos 17 entidades federativas. Dentro de los siguientes 30 días, luego de recibir la solicitud, el órgano electoral verificará el requisito establecido y emitirá la convocatoria al proceso para la revocación de mandato: puede ser solicitada en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer periodo constitucional; los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación durante el mes previo a la fecha señalada, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas; la consulta se realizará mediante votación libre, directa y secreta el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber participación de, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación solo procederá por mayoría absoluta: El INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en este caso, la Sala Superior realizará el cómputo final del proceso de revocación, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitiría la declaratoria de revocación.
Con los requisitos de forma cumplidos a cabalidad, la trampa que el AMLO está llevando a cabo que cómo puede ser posible que un presidente electo legitima y hasta abrumadoramente por el voto popular y a sabiendas que a estas alturas de su mandato conserva altos niveles de popularidad, desee ser sometido al escrutinio, a sabiendas que el ejercicio costará al erario más de tres mil millones de pesos.
Encima, a través de sus huestes en control de la Cámara de Diputados, asfixian las arcas del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo, sucesor del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) para materialmente imposibilitarlos de poder realizar la consulta de revocación, observando todos los procesos necesarios para dar certeza de que en su caso la Revocación de Mandato se realice de manera correcta.
López Obrador, quien con el paso de los meses se ha venido transformado de ser un presidente honesto, transformador y hasta justiciero; hoy no es más que un vengador de afrentas políticas pasadas y presentes que cada vez muestra su lado más autoritario y polarizante.
Ayer se alzó con un triunfo en la Suprema Corte de Justicia que declaró constitucional la ley de la Industria Eléctrica, preludio de su anhelada reforma constitucional para abolir los cambios hechos en el sexenio anterior que permitió abrir el sector para abrirse a la inversión privada. De imponer su voluntad, el presidente, habrá de condenar al país a perder competitividad y por consecuencia a frenar el crecimiento económico, única vía sostenible para poder socializar la prosperidad.
Cada vez preocupa más las acciones de nuestro presidente, ojalá recobre pronto la serenidad y regrese aquel personaje que prometió ser, cuando en aquel 1 de julio del 2018, ofreció un discurso de concordia y justicia, y deje de ser el pendenciero de hoy que buscar pelear, dividir y polarizar.
