En sesión del tribunal pleno del pasado 24 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no haber emitido la Ley General de Aguas a que se refiere el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución general, en relación con el tercer transitorio del decreto que dio origen a dicha disposición, publicado el 8 de febrero de 2012.
El tercer transitorio estableció: "El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas".
Más aún, transcurrieron 10 años -que se alcanzaron el reciente 8 de febrero- y el Congreso de la Unión no cumplió. La Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la omisión.
El pleno señaló que dicha omisión vulnera las atribuciones constitucionales del municipio en materia de aguas, pues afecta su participación en el acceso y uso sustentable de los recursos hídricos y su facultad de proveer a su población los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales.
En consecuencia, conminó al Congreso de la Unión a emitir la Ley General de Aguas durante el periodo ordinario de sesiones que inició el 1 de febrero.
El 7 de febrero, la coordinadora nacional Agua para Todos declaró criminal la omisión del Poder Legislativo y exhortó al secretario de Gobernación, como enlace del Poder Ejecutivo con el Legislativo, a instalar un Grupo de Trabajo que retome el Proyecto de Dictamen de Ley General de Aguas ya consensuado, resultado de 36 foros en el país.
México puede lograr la ley modelo a nivel continental, de acuerdo al relator de la ONU para el agua y el saneamiento, Pedro Arrojo.
Y es que en noviembre del 2021, Arrojo mostró como ejemplo internacional el Proyecto de Dictamen de la Ley General de Aguas presentado a solicitud de Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, producto de cinco iniciativas de Ley General de Aguas en el Senado y Cámara de Diputados, que la coordinadora Agua para Todos trabajó en coadyuvancia desde febrero de 2020 en la Cámara Baja y aún pendiente en la Alta.
En 2010, la ONU promulgó el derecho humano al agua y el saneamiento, respondiendo a la necesidad de abastecer a cerca de mil millones de personas que carecen de agua potable en el planeta y a más de 2 mil 600 millones que no tienen saneamiento básico; ambos aspectos son primordiales para el disfrute de una vida digna y se encuentran estrechamente relacionados con otros derechos fundamentales como el derecho a la salud, la alimentación y la vivienda.
El reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones de algunos países de América Latina es, sin duda, un logro del movimiento internacional en defensa del agua.
En 2012, en Latinoamérica las organizaciones sociales habían logrado el reconocimiento jurídico de este derecho humano mediante diversos procesos y luchas.
En Uruguay, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y México se había consagrado en las constituciones.
En países como Argentina, Paraguay y Colombia se consideraba en las legislaciones secundarias; y en algunos más estaban abiertos procesos de discusión ya sea por la lucha de los movimientos sociales o en los espacios legislativos, como eran los casos de Costa Rica, El Salvador y Venezuela.
La aspiración de los movimientos sociales para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua es parte de una lucha más amplia. Su establecimiento en los marcos jurídicos es insuficiente si no se traduce en cambios profundos en los modelos de gestión, las políticas públicas, y sobre todo en la vida cotidiana de los pueblos y en la forma en que los seres humanos nos relacionamos con el agua y con la naturaleza.
En aquel 2012, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, COMDA -que venía de diez años de lucha contra la privatización del agua-, como fuerte impulsora de la reforma constitucional y la consecuente armonización legislativa, planteó que la nueva Ley General de Aguas debía formularse con la participación amplia y decisiva de la población, recoger sus aspiraciones y propuestas, y, por supuesto, elaborarse a la luz del derecho humano al agua y al saneamiento para dar cumplimiento a la Constitución, así como revertir los procesos de privatización del agua en México que son violatorios de este derecho.
De ese proceso, nacería poco tiempo después la coordinadora nacional Agua para Todos Agua para la Vida, que enarbola, hoy como ayer, la exigencia de Ley General de Aguas ya.
Estamos a pocas semanas de concluir exitosamente este proceso -declaró este 7 de febrero Agua para Todos-, que sólo puede ser obstaculizado por los grandes intereses que intentan imponer la ambición de usar el agua para el lucro con agendas dictadas por los aguatenientes y los promotores de megaproyectos de muerte al servicio de las trasnacionales.
@kardenche
