El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio nueva evidencia que confirma que elementos de la Secretaría de Marina sí estuvieron presentes en el basurero de Cocula la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Más de 50 videos fueron divulgados, en ellos se puede observar como los elementos de la Marina Armada manipularon evidencia que es considerada esencial para el caso de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, incluso se detalló que ocultaron información considerada crítica, para la pronta localización de los 43 en las horas posteriores a su participación.
La verdad histórica se cayó hace tiempo, sin embargo, el compromiso del Estado hacia los mexicanos de esclarecer el caso, además de dar con el paradero de los estudiantes no localizados, se mantiene sin resultados.
No es de extrañarse que los familiares de las víctimas estén decepcionados con el actuar del gobierno lopezobradorista, cuyo caso de los 43, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se considera una prioridad.
El espaldarazo dado al Almirante José Rafael Ojeda por parte del presidente es alarmante, descartar que comparezca solo porque "no tuvo ningún involucramiento" podría fragmentar aún más la delicada investigación, pues recordemos que de mayo del 2013 a enero del 2015 era comandante en la Octava Región Naval, que abarca los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que sí debió, cuando menos, estar al tanto de los hechos.
El presidente defendió a su Almirante como lo ha hecho con todos los miembros de las Fuerzas Armadas desde su primer día de la presidencia y se limitó a decir que todo fue orquestado desde Ciudad de México.
¿Podría considerarse un apoyo desde Palacio Nacional el seguir frenando la información del caso de los 43 normalistas?
Eximir de su responsabilidad a funcionarios de la actual administración que estaban en otras áreas (que sí correspondían a la vigilancia de los marinos en el caso) bajo el argumento de "no hay corrupción" y de "querer echarnos la culpa" podría y puede considerarse complicidad, algo que también es penado por la ley.
Recordemos que la magnitud de la crisis de personas desaparecidas y no localizadas es alarmante; cerca de 100 mil personas están en esta condición, algunos desde hace décadas, y lo que es igualmente alarmante es que los Gobiernos se han visto incapaces de resolver y frenar esta condición de inseguridad.
