Vecinos piden a las autoridades municipales que intervengan, porque no quieren perder sus casas por empresa que quebró hace años.
Vecinos del fraccionamiento Rincón San Antonio acudieron ayer a la presidencia municipal para solicitar apoyo a la alcaldesa Leticia Herrera, porque están en riesgo de perder sus viviendas por una situación legal que concierne a quien hoy es funcionario municipal.
El problema se originó porque la empresa que les vendió las casas, dijeron los vecinos, se declaró en quiebra, motivo por el cual muchos ya no pagaron sus casas al banco en el 2011 (incluso dicen no les recibían los pagos), pero durante mas de 20 años pagaron puntualmente, dieron enganches y pagaron sus escrituras.
La queja de los colonos es que están siendo despojados de forma violenta con el uso de la fuerza pública de sus casas y ha habido desalojos donde ha participado la Policía Municipal (antes de la presente administración), cuando ellos aseguran no haber sido nunca notificados ni tener sentencia de algún juicio, además de que los supuestos compradores de esas casas dijeron haber sido empleados de la Presidencia en la pasada administración.
QUEJA
Los quejosos dijeron que Carlos Gamboa García, quien actualmente labora en Ejecución Fiscal del Municipio, presuntamente sería quien compró las viviendas.
Gamboa se dedica entre otras cosas a la compra de cartera vencida (casas recuperadas que luego son vendidas) desde antes que iniciara su labor como funcionario, es decir, antes de septiembre de este año.
"Él dice que todo está legal y en regla, pero no es así", dijo la señora Delia Sánchez, una de las personas que asegura está siendo víctima de una arbitrariedad. En su caso fue desalojada con el uso de una patrulla de la Policía Municipal hace meses. Ella vivía en la calle María #223 del fraccionamiento Rincón San Antonio y dice que su casa la han estado ofreciendo en venta pese a que todavía no se tiene un dictamen de un juez.
"No somos paracaidistas, somos los dueños, tenemos nuestros recibos de pago, nuestras escrituras y en Catastro también estamos", dijo el señor Iván Cortés, quien aseguró tener 20 años ahí y que son 8 casas de las cuales familias han sido desalojadas, motivo por el cual se han promovido amparos.
Ambos se acercaron con la regidora Claudia Galán y pidieron una audiencia con la alcaldesa, Leticia Herrera, para exponer la situación y ver la manera en que les puedan ayudar a resolver el problema.
Por su parte, el funcionario municipal, Carlos Gamboa, mencionó que no hay nada ilegal en lo que respecta a su actividad o negocio particular y que cuenta con expedientes completos, así como el respaldo legal necesario para el desalojo por lo cual habrá de esclarecer esta situación.
USURPADORES
El Ayuntamiento ayer emitió un comunicado donde -en un caso aparte- desconoce tratos con sujetos que ofrecían apoyos de vivienda a pobladores del medio rural a cambio de un pago previo. El Ayuntamiento informó a la ciudadanía que no mantiene ningún vínculo de carácter laboral o legal con los ciudadanos Jesús Régulo Gámez Dávila, Régulo Octavio Gámez Dávila y Vicente Muñoz Cruz, por lo que desconocerá cualquier trato o compromiso que se entable con dichas personas.
Lo anterior, porque según un reporte generado por la dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, el 13 de octubre del año en curso, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público bajo la presunta comisión del delito de usurpación de función.
De acuerdo al parte policíaco, estos tres sujetos se presentaron en el ejido San Martín fingiendo ser trabajadores del Ayuntamiento de Gómez Palacio, ofreciendo beneficios de un programa de vivienda, condicionado a la presentación de sus documentos personales y al pago de 500 pesos.
Al atender el reporte, las unidades policiacas lograron ver entre 20 y 30 personas que estaban entregando lo que se les solicitó, de ahí que se procediera a la detención, quedando las personas a disposición de las autoridades ministeriales, por lo que se reitera por parte del Gobierno Municipal que no se responderá por los tratos entablados con las personas señaladas.
Cabe mencionar que también el Gobierno del Estado de Durango se ha deslindado y desconoce cualquier trato o acuerdo celebrado por estas personas.
