En el marco de la celebración de la consulta de revocación de mandato del 10 de abril, inicia la veda para los tres niveles de gobierno.
Desde el 4 de febrero y hasta el 10 de abril, los gobiernos federal, estatal y municipal, entrarán en un proceso de veda donde no podrán difundir obras ni apoyos sociales, salvo aquellos temas relacionados con salud y educación, debido al proceso de revocación de mandado.
Ramón Vargas Ortega, encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva en el Distrito II, con cabecera en Gómez Palacio, explicó que en la Ley Federal de Revocación de Mandato establece como período de veda del 4 de febrero al 10 de abril, como sucede en los procesos electorales.
En ese sentido, la alcaldesa Anabelle Gutiérrez informó que la tarde-noche del jueves y vía oficio, se les dio a conocer a los directores de las diferentes áreas sobre la suspensión de la difusión de acciones gubernamentales.
La indicación también fue para que se abstuvieran de hacer uso de sus redes sociales para difundir acciones del Gobierno municipal que no estuvieran relacionadas con el tema de salud o educación.
Por su parte, Vargas Ortega comentó que en el caso de los precandidatos o en su momento candidatos, podrán realizar sus actos o reuniones proselitistas sin problemas ya que no se contemplan como violación a la veda.
Explicó que temas también relacionados con Protección Civil y Seguridad Pública quedan fuera de la veda.
DEL PROCESO
Vargas Ortega también comentó que como parte de la aprobación a la modificación a los lineamientos, se acordó la instalación de 203 casillas distribuidas entre los 10 municipios que conforman el Distrito II federal que son Gómez Palacio, Tlahualilo, Mapimí, San Pedro del Gallo, Hidalgo, Indé, El Oro, Ocampo, San Bernardo y Guanaceví; se estima que poco más del 50 por ciento se instale en Gómez Palacio.
Esta cantidad de casillas representan un 31 por ciento de las instaladas en el proceso electoral anterior, lo anterior derivado de la reducción que sufrió el presupuesto por más de 2 mil millones de pesos para la celebración de dicho proceso.
Además se aprobó la contratación de cinco Supervisores Electorales y 37 Capacitadores Asistentes Electorales (CAES), quienes tienen la labor de preparar a los funcionarios que participarán en las mesas receptoras.
