Vivimos en un mundo tan apresurado como confuso. Los gritos reemplazaron los argumentos, la polarización distrae a los ciudadanos, y en cuestión de un día cualquier persona pasa de héroe a tirano y viceversa. Lo cierto es que nunca un individuo había tenido tanto poder de decisión. Muchos monopolios, al menos como los conocíamos, se encuentran en jaque, y seguramente serán reemplazados por otros, que guste o no, están obligados a escuchar, sino quieren simplemente desaparecer de un mundo interconectado y virulento.
Parte del transporte público cambió, no en México, ni en Coahuila, sino en el mundo entero. Cómo cambió la forma de hospedarse en las conocidas rentas vacacionales, comprar ropa, comida, tecnología, pagar servicios y un sin fin de actividades comerciales que con el desarrollo de la tecnología se transformaron. Pensar que se puede obligar a una persona a usar un taxi tradicional en lugar de un Uber o DiDi; o rentar un cuarto de hotel en lugar de un Airbnb, o acudir al banco o una tienda física en lugar de comprar en línea, es tan absurdo como obsoleto.
Es curioso que mientras la empresa DiDi Mobility cumple con todos los requisitos de ley en otras entidades del país, en Coahuila no. Que la subsecretaría de Transporte y Movilidad de la Secretaría de Infraestructura de Coahuila comuniqué la revocación de registros de funcionamiento a la plataforma de transporte, en lugar de un diálogo para subsanar cualquier tipo de vació burocrático, suena más a intereses de concesionarios de transporte público, que a una preocupación por los usuarios o los miles de empleo que este modelo de negocio representa.
Como también es sospechoso que solamente se revoque el registro de DiDi y no de Uber, como si hubiera una intención política, que no digo que la haya, como tampoco que tenga nada que ver que DiDi este más relacionada con políticos panistas que con empresarios. El verdadero conflicto es que el estado ha buscado que los conductores afiliados a las plataformas se registren de manera individual para cobrar un impuesto cercano a los 30 mil pesos por conductor, para asimilar el valor de una concesión de taxi tradicional.
Sin embargo, este tipo de gravámenes no han podido hacerse efectivos en otros estados de México, y como finalmente es la oferta y la demanda la que regula en mercado actual, la medida afecta a una clase media que no está dispuesta a tomar un taxi tradicional. Tampoco queda claro porque el titular de la subsecretaría toma una medida tan drástica, si el mismo gobierno estatal presumía apenas hace un par de año la disminución de accidentes de tránsito desde que los usuarios elegían a las plataformas para llegar a sus casas luego de ingerir bebidas alcohólicas.
Hace mucho tiempo que ni la subsecretaría estatal, ni autotransporte y mucho menos las direcciones de Tránsito y Vialidad de los municipios más grandes de Coahuila (Saltillo, Torreón y Monclova) informan sobre operativos de inspección para verificar por ejemplo el estado de los taxis en la entidad, que por cierto es deplorable. Desde 2018 cuando se modificó la ley de movilidad las plataformas digitales, que llegaron para quedarse, se incluyeron periféricamente en esta ley y es cancha del Gobierno Estatal.
Si se tratara de una medida recaudatoria, la ruta sería diferente. Finalmente son miles de conductores los que trabajan en este modelo de negocio, lo que se traduce en miles de familias que dependen de ello. Antes de poner atención a las presiones de los concesionarios de taxis, estos deberían explicar porque no tienen unidades en buen estado, con clima, limpias, con conductores que se puedan evaluar. La diferencia es que antes lograban, a punta de sobornos evitar a la autoridad, ahora tienen que someterse a los usuarios y estos son implacables a la hora de decidir.
Si es cierto, hoy por hoy los socios de estas aplicaciones no pagan nada en comparación a lo que pagan los concesionarios de taxis. Pero a las autoridades de todos los niveles de gobierno parece importarles únicamente el impuesto que puedan cobrar, porque poco se escucha que estén intentando regular a estas empresas para que brinden seguridad social y buenas condiciones de trabajo a sus afiliados, como siempre el factor humano poco importa.
Ojalá esta Subsecretaría, que pertenece a la Secretaría de Infraestructura, no se deje presionar por los concesionarios de los camiones en Torreón, que tienen varado el proyecto del Metrobús porque no están dispuestos a comprometerse con un modelo de negocio moderno y de calidad. Esa mafia que tiene sometida a cientos de miles de usuarios en La Laguna de Coahuila a sufrir el martirio de llegar a sus trabajos y hogares en camiones viejos y con conductores que creen que las calles de la ciudad son pistas de carreras.
Como también esperemos que los operativos en los que incluso se ha utilizado a la policía estatal, en contra de los conductores de plataformas digitales, también los viéramos intentando subsanar todas las irregularidades de los taxis, que no son pocas.
@uyohan
