Según la reforma, el dinero se destinará a la seguridad pública, pero hay temor de que sea para la promoción política del presidente.
Recientemente en la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que los recursos que permanezcan en cuentas bancarias inactivas por seis años sean recuperados por el Estado y se canalicen al rubro de la seguridad pública, medida que ha generado diversidad de comentarios y posturas.
Según la propuesta que se aprobó, si los montos en las cuentas son menores a 51,958 pesos se destinarán a la beneficencia pública (como ya se venía haciendo conforme a esa ley); la modificación aprobada radica en que si las cuentas rebasan esa cantidad, serán tomadas por el gobierno.
El 45 por ciento del dinero "abandonado" será para la Federación, un 30 por ciento para los estados y 25 por ciento para municipios.
El diputado federal José Antonio Gutiérrez Jardón indicó al respecto que los legisladores del PRI vigilarán que se cumpla con la distribución de esos recursos para fines exclusivos a la seguridad, y no se destinen a otros rubros.
Señaló que hay confusión porque se cree que se va a disponer de todas las cuentas inactivas cuando no es así, sino que únicamente se trata de aquellas identificadas con actividades delictivas.
CANACO, EN DESACUERDO
Sobre este tema, el presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) en Torreón, Mariano Serna, consideró que el Gobierno federal debe ser respetuoso de la propiedad privada y consideró que se trata de una medida que sí puede poner en riesgo o representar la pérdida de los recursos para los propietarios.
Ante todo, dijo, se debe salvaguardar la certeza jurídica de los particulares en sus bienes, de manera que si éstos tienen dinero depositado en cuenta bancarias, el Gobierno federal no debe allegárselo de forma tan abrupta.
Mariano Serna indicó además que estos cuatro años el gobierno de López Obrador "nos ha enseñado que dicen que harán cosas y en la práctica es todo lo contario, es decir, que ese dinero estarán destinándolo a programas sociales y de otro tipo que únicamente sirven para la promoción política del presidente".
Refirió que la reforma no establece candados para que efectivamente, el dinero recuperado de las cuentas inactivas por seis años se destine a tareas de seguridad pública, ante lo cual estará latente el riesgo de que se desvíe hacia otros fines.
