
El vicepresidente de la Concaam manifestó que iniciativa de reforma es regresiva en términos de avances en autonomía municipal. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El carácter populista de la iniciativa de reforma político-electoral no debe estar por encima de las graves implicaciones que ésta representa al atentar contra la democracia y la representatividad ciudadana, además de significar una regresión en términos de la autonomía municipal.
El presidente del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), Marco Zamarripa, destacó que "puede sonar populista reducir el presupuesto en los Ayuntamientos y Congresos Locales, con lo que muchos pudiéramos estar de acuerdo", pero deben analizarse las repercusiones al afectarse la democracia y la representación de la ciudadanía.
En el caso de la disminución de regidurías, la medida pudiera resultar atractiva, porque llevaría consigo un ahorro para los municipios, pero el máximo órgano de gobierno que integran el alcalde, síndico y regidores carecería de contrapesos.
Si bien es oportuno discutir aspectos como la elección directa de regidores y no por medio de planillas, así como la reducción del número en municipios con pocos ingresos, los cambios propuestos en la iniciativa del Ejecutivo son regresivos en su inmensa mayoría.
Operativamente tampoco resultaría viable para aquellos municipios que se quedarían con un solo regidor, ya que los cabildos deben atender una gran cantidad de comisiones que forman parte de la responsabilidad de los Ayuntamientos.
Por su parte, el vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), José Lorenzo Natera, manifestó que la iniciativa de reforma es regresiva en términos de todos los avances en autonomía municipal, que se plasman en el Artículo 115 Constitucional.
Refirió que, en el estado actual, la Constitución garantiza la conformación de Ayuntamientos plurales y en los que distintos sectores de la sociedad están representados, un equilibrio que se vería mermado de aprobarse la propuesta.
Además, con ello se pretende centralizar las decisiones en un solo ámbito de poder, cuyo control lo va a tener el Ejecutivo y esto va a implicar una regresión de hasta cuatro décadas en principios democráticos.
