Las mujeres que se encuentran en prisión deben lidiar con la estigmatización y, en ocasiones, con el abandono de su familia. (ARCHIVO)
A diferencia de los hombres, las mujeres enfrentan situaciones más complejas al estar recluidas en los centros penitenciarios. Las investigaciones demuestran que se enfrentan a periodos de angustia extrema ocasionada por encarcelamiento, el abuso sexual y la violencia, la alta probabilidad de que tengan responsabilidades de cuidado en sus familias e incluso deben lidiar con estigmatización y abandono por parte de sus familiares, tras su liberación.
Estas razones llevan a reconocer que las mujeres privadas de la libertad son un grupo vulnerable que requiere intervenciones específicas, se evidenció en el informe de política denominado "Mujeres privadas de la libertad en Durango. Un grupo vulnerable que requiere atención prioritaria", que elaboró el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap).
Se dio a conocer que en el estado existen tres centros penitenciarios para adultos, pero solo dos cuentan con población femenina. Al cierre de 2020 la población penitenciaria era de tres mil 780, de la cual, tres mil 529 (93.36 por ciento) eran hombres y 251 (6.64 por ciento) mujeres según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSPE) 2021 del Inegi.
El sistema penitenciario tiene como objetivo lograr la reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, pero la evidencia disponible demuestra que este objetivo está aún lejos de poder cumplirse.
En comparación con el total de los ingresos en 2020, el porcentaje de reingresos de mujeres en Durango es el más alto en todo el país, en segundo lugar, se encuentra Yucatán (21.5 por ciento), seguido de Sinaloa (20.6 por ciento).
Otro dato relevante es que de las 251 mujeres privadas de la libertad 155 se encontraba sin sentencia, de las cuales 69 (44.5 por ciento) se encontraban en un rango de espera para recibir la sentencia de entre seis y 12 meses; y 39 mujeres (25.1 por ciento) desde hace más de 12 meses; es decir, una de cada cuatro mujeres sin sentencia tiene más de un año esperándola.
