En la columna anterior comentamos sobre los afectados hídricos por la ingesta involuntaria de agua contaminada con arsénico y flúor, señalamos la grave omisión del Estado mexicano (esto implica a los tres niveles de gobierno y en sí a toda la llamada "clase política " local) por no regular las extracciones ilegales de agua del subsuelo y la irresponsabilidad de los usuarios de agua que tienen las concesiones de agua, fingiendo no darse cuenta del daño que están provocando en el desabasto y la salud de miles de laguneros.
Comentamos que ha sido la comunidad médica académica quienes han investigado, documentado y denunciado esta lamentable situación que ha provocado un desafortunado desfile de los afectados por los hospitales procurando su atención médica, algunos con padecimientos avanzados. Mencionamos que no ha habido funcionario público o político que tome este asunto en su agenda, a lo más que han llegado es hacer denuncias intermitentes o promover puntos de acuerdo en las instancias legislativas, los propios organismos empresariales y otros actores locales se agregan al vacío existente, solo algunos organismos civiles hacen eco a los médicos, con poco éxito.
La comunidad médica académica no solo denuncia con evidencias contundentes, también proponen soluciones y expresa disponibilidad en el diseño e implementación de políticas públicas que atiendan a estos sectores vulnerables, los más vulnerables, de la población lagunera. Dos de sus propuestas concretas que han expuesto son, por un lado, crear un Programa de Vigilancia Epidemiológica de los afectados hídricos, y por el otro, asegurar el abasto emergente de agua para consumo humano (ingesta directa y elaboración de alimentos).
En virtud de que no existe registro y seguimiento a las personas que se encuentran expuestos y por tanto en condiciones de riesgo de sufrir esas afectaciones, o los mismos que ya las padecen, que en voz de especialistas, se estima en alrededor de cuatrocientas mil habitantes de la región, destacando los que se encuentran en una situación más grave como sucede con los habitantes de las comunidades rurales ubicadas en la periferia del valle irrigado (de los municipios de Tlahualilo, Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros y Viesca), donde las concentraciones son de 40 a 90 veces más que los límites permisibles que establece la Organización Mundial de la Salud (10 microgramos de As por litro de agua) y de la misma NOM-127-SSA (25 microgramos de As por litro de agua).
Los habitantes de la zona metropolitana (Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo) no están excluidos de estas afectaciones, ya que, si bien las concentraciones son 4 a 10 veces más que lo marcado por la OMS o dos a seis veces de la Norma Oficial Mexicana, con una tendencia a incrementarse en los próximos años, por la densidad poblacional las estimaciones de afectados aumentarán, sobre todo, entre la población que vive en condiciones socialmente precarias, en pobreza.
El Programa de Vigilancia Epidemiológica se propone identificar, ubicar y canalizar a los ya afectados mediante mecanismos institucionales de atención directa y no que anden deambulando en las filas de los hospitales, pero también establecer mecanismos institucionales que prevean la atención a la fila de afectados que viene en camino, lo que implica adecuar algunas estructuras del sector de salud pública para que se pueda diagnosticar de manera temprana sus síntomas desde las clínicas de primer contacto. La previsión será clave en la atención de las personas afectadas.
Este tipo de programas ya se implementan con personas que tienen otro tipo de padecimientos como tuberculosis, sarna o diabetes, por lo que urge. Pero también urge implementar alternativas de abasto de agua potable, no contaminada, a la población, destinada a la ingesta directa y para elaborar alimentos, para lo cual la comunidad médica académica propone establecer redes de casas de agua o sitios de garrafoneo subsidiados a un costo accesible, no comercial, para esa población vulnerable.
En esta opción emergente no correspondería una intervención del sector salud como en la anterior, sino que debe buscarse fuentes de financiamiento en los propios gobiernos locales, municipales y estatales, de aportaciones privadas como la que acaba de realizar la red nacional Agua para Todos en el ejido en el ejido Lequeitio, del municipio de Francisco I. Madero, y ojalá los empresarios agropecuarios que tienen el monopolio del agua que utilizan como insumo para la producción también se sensibilizaran por la corresponsabilidad que tienen en esta tragedia, ya que al parecer en esta región es más importante el el uso del agua como mercancía que para la población.
La vigilancia epidemiológica obliga al sector salud a establecer como una de sus prioridades la atención a la población afectada por hidroarsenicismo en esta región, como mencionamos en la columna anterior, cubrir o resolver esa omisión del Estado mexicano en el cumplimiento del derecho humano a la salud, como del derecho humano al agua, algo que parece muy remoto y desafortunado en La Laguna. Los laguneros tenemos que reaccionar ante este ominoso vacío en la política pública y continuar denunciando la evasión que hasta ahora se tiene de contener la sobreexplotación del acuífero principal, donde se origina el problema.
