Los que pertenecemos a una generación que desde que tenemos uso de razón escuchamos que estamos en crisis, podemos decir que no existe un gobierno municipal, estatal o federal, que no haya argumentado que sus metas de infraestructura y mejora de servicios públicos se vieron limitadas por falta de presupuesto. En el sexenio de la Cuarta Transformación una de las palabras más pronunciadas por alcaldes, gobernadores e incluso asociaciones civiles, que no pertenecen a Morena, es la llegada de un nuevo "recorte" en materia presupuestal.
Sin embargo, y a pesar de existir en México desde 2012 un andamiaje jurídico en torno a las inversiones mixtas, poco se ha explorado el uso de las APP (Asociaciones Público Privadas) para que las inversiones a largo plazo de particulares, puedan mejorar la infraestructura y los servicios públicos de un municipio. Y no se trata únicamente del desarrollo o mejora de un programa de infraestructura, sino de la posibilidad que este se realice con calidad y tenga una garantía válida, en parte porque el sector privado basa sus acciones en un modelo de negocio que al esquivar la burocracia, tiene que asegurar su funcionamiento.
Transporte (entiéndase el pendiente del metrobús), eficiencia de energía, calidad del agua, medio ambiente, e incluso el mejoramiento de los parquímetros, por mencionar solo algunos temas, tienen algunas coincidencias con Torreón, primero que son pendientes que desde hace algunas administraciones le urgen a la ciudad, segundo que emprender cualquier proyecto para mejorarlas le significaría a una administración municipal un imposible en tiempos de recortes presupuestales, y tercero, que todas podrían solucionarse con la aplicación una APP.
Delegar estás obligaciones públicas no significa ofrecer a un sector privilegiado la posibilidad de hacer contratos leoninos como muchos de los que hoy día tienen las finanzas públicas tan laceradas en los tres niveles de gobierno. El marco jurídico que regula estas relaciones es clara y puntual, permiten entender que cuando una administración pública delega la operación se pueden dedicar más al trabajo de reglamentos y leyes para que la ciudadanía tenga mejores servicios a un menor costo.
En algunos países donde se recurrió a este modelo de inversión, como respuesta a la crisis internacional de 2008, las experiencias que se pueden obtener, por ejemplo del sector privado local, es que la mayoría de empresas extranjeras que se involucraron en proyectos de recolección de residuos, tratamiento de agua potable o mejoramiento de energía, impulsaron a las empresas locales, contrataron la mayor parte de mano de obra en la localidad donde operaban y han reanudado sus contratos por la calidad del servicio prestado.
En La Laguna los pendientes en materia de servicios públicos son muchos, y más allá de lo bemoles que pudo tener en su momento, mediante la aplicación de una APP, Torreón cambio las luminarias del alumbrado público y no solo mejoró, sino que logró un ahorro significativo en el costo que este le significaba a los ciudadanos. Transparencia, mecanismos de rendición de cuentas y contratos supervisados por la sociedad civil, pueden ser herramientas para que este modelo mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
En Coahuila, los alcaldes de los 38 municipios acaban de iniciar sus administraciones, y más allá de las ganas, tienen que enfrentarse a una realidad que se llama presupuesto. Y aún cuando no es lo mismo administrar una ciudad como Saltillo, Torreón, o Monclova, que una como Francisco I. Madero, Ocampo o Viesca, todos pueden buscar en estos esquemas de inversión mixta, que el sector privado se involucre y solucione temas que de otra manera serían muy complicados.
Está semana precisamente arrancó el Foro Estatal de APP en Arteaga, llamó la atención la participación de casi todos los alcaldes, para quienes estar en primera fila podría significar la solución a uno de los tantos reclamos ciudadanos que van a enfrentar en los próximo tres años. Y cómo a pesar del conflicto entre Rusia y Ucrania, que revivió los ecos de una guerra fría a la que muchos jóvenes ven como prehistoria, lo cierto es que las inversiones público privadas, donde han funcionado han demostrado que no son privatizaciones ni mucho menos, por el contrario, gracias a la enorme carga burocrática, es la misma ciudadanía la que termina confiando más en un servicio cuando se involucra el sector privado.
Habrá que esperar cuántos de los alcaldes que recién inician su gobierno en la entidad, recurren a las APP para resolver temas que no son más que padecimientos con los que cargan los sectores más marginados de una sociedad.
@uyohan
