Señalan que el 40 por ciento de empresas se vio imposibilitado en presentar el dictamen fiscal al Servicio de Administración Tributaria. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El 40 por ciento de las empresas se vio imposibilitado a cumplir con el requisito de enviar el dictamen fiscal, cuyo plazo venció el pasado lunes 15, y que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se negó a ampliar pese a las gestiones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Ante esta situación, ahora la demanda es que por lo menos se admitan dentro del tiempo y no como extemporáneos, los dictámenes que se habrán de presentar en los próximos días, ya que además se presentaron fallas en la plataforma del SAT justo en la fecha límite.
Carlos Navarrete Contreras y Lorena Lara, presidente y vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, AC, lamentaron que el SAT haya desatendido las gestiones para extender el plazo, que a partir de este año se recortó al 15 de mayo cuando todavía en 2022 era hasta el 15 de julio.
Esta reducción se dio en un contexto en el que los auditores han tenido que enfrentar el incremento en la carga tributaria, pues cabe recordar que se elevaron los requisitos para presentar la declaración anual para las personas físicas y morales.
"Elaborar el dictamen fiscal requiere de tiempo, pero con toda la carga fiscal que se añadió este año fue muy complicado, además de que la plataforma dejó de funcionar justo el último día de plazo para presentarlo y esto ocasionó que el certificado no se pudiera autentificar", dijo la vicepresidenta del CCPL.
Refirió que, si los dictámenes son considerados como extemporáneos, pierden efectos legales, se generarán revisiones directas al contribuyente por parte del SAT sin tomar en cuenta a los auditories, además de que pueden ser acreedores a multas, que van desde los 15 hasta los 154 mil pesos.
Otra consecuencia puede ser la cancelación de sellos, lo cual impedirá la operación de las empresas y se convertirá en un círculo vicioso que traerá mayores consecuencias perjudiciales, indicó.
"Debido a que fue una falla ajena, se pide dar la oportunidad a los contadores, quien lo pudo mandar ayer a las 7 de la mañana ya lo hizo de manera extemporánea", indicó la vicepresidenta del Colegio.
El presidente Carlos Navarrete dijo que el Instituto tendrá mesas de trabajo con cámaras empresariales y el mismo SAT con el propósito de sensibilizar sobre todas las fallas que se presentaron y la necesidad de ajustar el plazo y que se les permita seguir presentando el dictamen fiscal considerándose dentro del periodo vigente.
La plataforma no estaba lista, las opciones de cumplimiento no se actualizan de manera oportuna, al llegar el día 15. Es un porcentaje importante de contribuyentes que se vieron imposibilitados a cumplir con este requisito, el Colegio recibió muchos reportes de problemas con la aplicación del SAT.
7 MIL EMPRESAS NO ENTREGARON DICTAMEN
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) estimó que alrededor del 40 % de las empresas a nivel nacional que tienen la obligación como grandes contribuyentes de entregar al SAT el dictamen fiscal de sus estados financieros para comprobar el correcto pago de impuestos en el 2022, no cumplió con esta obligación el 15 de mayo.
Lo anterior significa que incumplieron 7,200 empresas de un total de entre 18 mil y 17 mil que tienen que dictaminar sus estados financieros a cargo de un contador inscrito para avalar que el corporativo declaró de forma correcta los impuestos pagados correspondientes al ejercicio 2022.
De existir una diferencia como resultado de la dictaminación, la empresa debe pagar los impuestos a cargo, señaló.
La presidenta del IMCP, Laura Grajeda, recordó que en el pasado se presentaban ante el SAT alrededor de 90 mil dictámenes fiscales, que dejaban una recaudación de impuestos de 6 mil millones de pesos precisamente por las diferencias que arrojaba el dictamen fiscal con la declaración de impuestos de las empresas.
Mencionó que las empresas que facturaron mil 650 millones de pesos en el 2022 están obligadas a cumplir con esta disposición, que incluye a las que están listadas en alguna bolsa de valores, y que volvió a ser obligatoria para el ejercicio fiscal del 2022.
