(Foto: ISABEL AMPUDIA / EL SIGLO COAHUILA)
Por unanimidad de votos, se aprobó el Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con Proyecto de Decreto por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
En dicho dictamen, Diputadas y Diputados de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, consideran que esta reforma atiende a las necesidades palpables que aquejan y atraviesan los derechos de las mujeres día con día.
Manifiestan que es evidente que esta reforma constitucional atiende a la discriminación y violencia histórica de las que las mujeres han sido víctimas, pues más del 70% de 10 años a más, han sufrido al menos un episodio de violencia en su vida.
Asimismo, subrayan que las presiones sociales, y sobre todo, de los colectivos feministas, lograron que las personas que aspiraran por un cargo de elección popular firmaran un formato de buena fe, sin ningún efecto legal ni jurídico en caso de que no fuera cierto el dicho de la persona de no ser persona deudora alimentaria morosa, no haber cometido violencia familiar y/o doméstica o cualquier agresión de género ya sea en el ámbito público o privado, o bien, haber sido condenado o sancionado por delitos sexuales.
Siendo así, que dicho formato era un acto social, provocando que no tuviera ninguna vinculatoriedad jurídico-legal, resultando en que muchas personas que estuvieran condenadas o sentenciadas por dichos actos, siguieran al frente de la toma de decisiones.
Tal y como lo señaló la exposición de motivos de una de las iniciativas que originaron el dictamen en cuestión, este trabajo se debe a mesas de trabajo de personas expertas, estudios de normativas internacionales en la materia, parlamentos abiertos y sobre todo, la voz de muchas mujeres feministas que siguen luchando por lograr la igualdad sustantiva en sus derechos.
La Ley 3 de 3 contra la violencia sin duda alguna abona a la lucha feminista, pero sobre todo, otorga la certeza y las herramientas para lograr procesos electorales libres de violencia y discriminación, pues solo así se garantizará que las personas que nos representan, no sean a la vez personas victimarias, violentas, y ajenas al cumplimiento de sus obligaciones, señalan las Diputadas y los Diputados en la exposición de motivos.
Se dispuso remitir el presente Decreto al Congreso de la Unión para efectos de lo consignado en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su envío al Ejecutivo del Estado para su promulgación y su publicación el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Celebran colectivos feministas
Durante esta sesión, colectivos de diversas partes del estado estuvieron presentes, donde a decir de Yunuen Castillo Menchaca, del Colectivo Furia Coahuila, sostuvo que este es un logro en conjunto entre la sociedad y colectivas.
Sostuvo que esta es una iniciativa que está sacudiendo a México, para que los deudores alimentarios, acosadores y agresores caigan de los cargos de poder tan importantes, con lo que se supone deben de velar, proteger, garantizar y respetar no solo los derechos de la mujer y las infancias, sino de todos los mexicanos y mexicanas.
“Si son personas que caen de esos puestos, que son deudores alimentarios, que han sido agresores o acosadores de mujeres, que podemos esperar de su desempeño en la esfera pública, cuando en su esfera más íntima, que como dijeron las diputadas, a final de cuentas son unos delincuentes. ¿En qué tipo de país vivimos donde un violador puede ser gobernador, en donde alguien que por ser juez, fácilmente te puede quitar la custodia de tus hijos o hijas?”, cuestionó.
Expuso que la 3de3 Contra la Violencia tiene que ser un mecanismo integral, holístico, con un abordaje con perspectiva no únicamente de genero si no perspectiva feminista y que sea un mecanismo que funcione, por eso insisten en que en cada estado y a nivel nacional, tiene que existir para empezar el registro nacional de deudores alimentarios, al igual que un registro de acosadores y agresores.
Finalmente, sostuvo que para que realmente sea una Reforma Constitucional, se requiere que mínimo 17 Congresos Estatales aprueben la 3de3 Contra la Violencia, hasta el momento con Coahuila ya suman 10, y este martes se hizo también lo propio en los Congresos de Guerrero, Zacatecas, Sinaloa, y Baja California Sur, de aprobarse, se está por lograr el objetivo de que la 3de3 Contra la Violencia sea una Reforma Constitucional.
