La diputada Teresa de Jesús Meraz García de Morena, puso a consideración del pleno del Congreso del Estado la Iniciativa.
Se buscará que al servidor público que con motivo de sus funciones y atribuciones conozca del delito de feminicidio y por acción u omisión realice prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia, se le impondrán de cinco a doce años de prisión, de quinientos a mil quinientos días multa e inhabilitación del cargo o comisión que desempeñe de cinco a diez años, la pena de inhabilitación correrá a partir de que se cumpla la pena de prisión.
Lo anterior durante la Tercera Sesión del Primer Periodo del Ordinario, donde ante el pleno, la diputada Teresa de Jesús Meraz García de Morena, quien puso a consideración del pleno del Congreso del Estado la Iniciativa con proyecto de Decreto que plantea modificar el artículo 188 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza.
En la exposición de motivos manifestó que la violencia contra la mujer ha sido una problemática arraigada a lo largo de la historia, tanto a nivel internacional como en nuestro país, toda vez que las políticas y acciones no han logrado garantizar a las mujeres y niñas condiciones efectivas para su libre desarrollo.
Indicó que el feminicidio es considerado la forma más extrema de violencia en contra de la mujer, y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas, toda vez que, además de generar su muerte busca humillarla y ridiculizarla, por ello, este tipo de delitos adquiere una penalidad mayor a la contemplada para otro homicidios.
Destacó que del 2013 al 2022 de diciembre pasado, en Coahuila se registraron 162 feminicidios, con 67 sentencias dictadas y 182 imputados, de acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del Estado.
Torreón ocupa el primer lugar estatal con 39 casos; Saltillo el segundo con 27; Piedras Negras el tercero con 21; Acuña el cuarto con 15; Ramos Arizpe el quinto con 11; Matamoros el sexto con 10, y Monclova el séptimo con 9.1.
Los años 2019 y 2020 fueron los más letales con 24 feminicidios cada uno; 23 en el 2022; en el 2021 se denunciaron 22; 17 en el 2015; 15 en el 2016; 14 en el 2018, y 10 en el 2014, lo mismo que en el 2017, y 6 en el 2013.
Por edades, cinco de las víctimas tenían menos de 10 años; 26 entre los 11 y 20 años; 42 entre los 21 y 30; 47 entre los 31 y 40; 23 entre los 41 y 50, el resto de los 51 años en adelante.
Dicho lo anterior, expuso que el caso que les ocupa son las maneras en que se siguen violentando a las familias de las que han sufrido feminicidio y buscan justicia, y se encuentran una autoridad que es omisa o que aplica prácticas dilatorias en el procedimiento, creando con ello una sensación de impunidad y hace que en el mayor de los casos no se llegue a una sentencia del presunto culpable.
Por tanto, sostuvo que es necesario que los servidores públicos que hagan este tipo de argucias sean inhabilitados y tengan consecuencias más severas, por ello en este caso, la presente propuesta de ley va en el sentido de armonizar el Código Penal Federal con el estatal.
