La presidenta nacional del IMCP, Laura Grajeda, impartió una conferencia a estudiantes de la UAL. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Los contadores públicos enfrentan grandes retos este año para responder a las necesidades de personas físicas y morales que están sujetas a más regulaciones, las que se han venido aplicando desde 2022 y que han alejado más a nuestro país de la anhelada simplificación administrativa.
Laura Grajeda Torres, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos dijo que uno de estos cambios es la información adicional en las declaraciones anuales que este mes deben presentar las personas morales, requisitos que deberán atender unas 2.3 millones de empresas.
Además, aunque no hubo miscelánea fiscal, el primero de enero de 2022 hubo cambios que se han aplicado gradualmente, como la facturación 4.0 y el complemento carta porte CFDI, sobre el cual el IMCP se pronunció en el sentido de que no existen recursos tecnológicos, humanos ni económicos que puedan soportar una migración a algo tan complejo.
Éste sustituye al complemento carta porte que existía desde hace 30 años, el cual debía llevar el transportista y que contenía 20 datos, pero actualmente son 71 requisitos que se deben complementar, y aunque la autoridad dio prórroga para no emitir multas si el comprobante contiene errores, la obligación está vigente desde enero del año pasado.
"Operativamente es muy complicado, hoy no hay protocolo de revisión, por lo que en cualquier punto pueden ser supervisados, las multas son muy altas y las personas que transitan en territorio nacional no están capacitadas para atender una revisión, lo cual se puede prestar a actos de corrupción", expresó.
"Por ejemplo, si una galletera lleva 20 cartas porte porque va a 20 tienditas y si también recibe mercancía que esté a punto de caducar, no llevará documento que soporte que está transportando mercancía que le ha sido devuelta".
