Los legisladores de Morena sabían que estaban aprobando leyes con visos de inconstitucionalidad en su esfuerzo del 9 de septiembre del 2022 por trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. El decreto que creó a la Guardia Nacional, firmado por AMLO en marzo de 2019, reformó el artículo 21 de la Constitución y no deja margen a la ambigüedad: "Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. [...] La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional".
Los legisladores seguían órdenes del Presidente, quien debió calcular que podría tener influencia en la presidencia de la Suprema Corte. Eso podría bastar para que el asunto no se discutiera en la Corte y poder así continuar en la ilegalidad.
Sin embargo, la nueva presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, está listando los asuntos en función de su importancia. Ya hay una propuesta de sentencia respecto de la inconstitucionalidad de partes de estas leyes, elaborada por el ministro González Alcántara. Su proyecto es claro y contundente. Hace un recorrido de nuestra vida independiente para recordar que la seguridad pública siempre ha estado reservada a los civiles. Muestra cómo se aprobó la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional y señala que, "como se puso de relieve durante el proceso legislativo, se depuró de cualquier indicio castrense al nuevo cuerpo policiaco...". Analiza con cuidado los transitorios de esa reforma y cómo éstos regulan la creación de un cuerpo civil a partir de elementos provenientes de las Fuerzas Armadas, pero se trata precisamente de un proceso transitorio. También estudia cuáles de los artículos reformados van en contra de preceptos constitucionales.
Se necesitan ocho votos, de los once ministros, en una acción de inconstitucionalidad. No sé qué argumentos podrán ofrecerse para votar en contra del proyecto, pero seguramente veremos a algunos ministros haciendo acrobacias.
El Presidente ya decidió hacer responsable a la Corte de la inseguridad si se acepta el proyecto presentado por el ministro González Alcántara. Este jueves dijo que, de no depender la Guardia Nacional de la Sedena, "se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna de la Policía Federal".
Pero ese no es el tema por analizar en la Corte. México podría tener, como muchos países democráticos del mundo, una policía nacional eficaz, honesta y con los apoyos presupuestales y de infraestructura necesarios para hacer bien su trabajo. Ese era el objetivo de la Guardia Nacional como cuerpo civil. No hay ejemplo de democracia que les haya cedido la responsabilidad de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, diseñadas para matar al adversario en una contienda. Las policías están entrenadas para hacer otras muchas tareas.
El único responsable de estar donde estamos es el Gobierno federal. Cuando se modificó la Constitución para crear la Guardia Nacional, se le dieron al Ejecutivo cinco años para construir un cuerpo civil a partir de elementos provenientes de las Fuerzas Armadas. El gobierno hizo caso omiso de la Constitución. Supongo que el Presidente creyó que bastaban los "abrazos" para disminuir los "balazos" y eso legitimaría su estrategia. No fue así.
En este tema, AMLO no tiene un mandato democrático. Durante la campaña prometió lo opuesto: retirar al Ejército de las calles. El que los legisladores de Morena y sus aliados lo hayan secundado sin rechistar revela cómo se disciplinan aun en contra de principios tan arraigados en la izquierda de la que provienen. Pero ello no cambia la realidad, expresada en el artículo 129 constitucional: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".
@carloselizondom
ÁTICO
El proyecto del ministro González Alcántara sobre el carácter civil de la Guardia Nacional es claro y contundente.
