(ISABEL AMPUDIA)
Hasta el Congreso del Estado arribaron ejidatarios de San Antonio de los Bravos, Torreón, quienes se quejaron de ser víctimas de violentos despojos de terrenos desde hace más de 10 años por parte del gobierno municipal, en contubernio con desarrolladores inmobiliarios y autoridades agrarias.
Por tal motivo, en tribuna el diputado Francisco Javier Cortez Gómez en conjunto con diputadas de Morena, presentaron un punto de acuerdo con el objetivo de exhortar a diversas instancias para que acaten las disposiciones derivadas de un juicio promovido por los ejidatarios de San Antonio Bravos.
Al exterior de las instalaciones de Congreso del Estado y encabezados por su representante, Elia Estrada Macías, insistió que se busca a través de dicho Punto de Acuerdo, hacer un exhorto principalmente al alcalde de Torreón, Alberto Román Cepeda González.
“Esto es en el sentido de que respete las medidas cautelares o precautorias que el Tribunal Unitario Agrario el Distrito VI de Torreón, Coahuila, que es un órgano jurisdiccional federal, le hace en el sentido de que no puede emitir licencias de construcción; y en el caso del Registro de la Propiedad, dependiente del Gobierno del Estado, de que no pueden inscribir operaciones de compra – venta respecto a los terrenos de uso común que fueron aportados a la Sociedad Mercantil Ciudad Nazas San Antonio SA de CV”, señaló.
Aunado a lo anterior, explicó que en la actualidad hay un litigio con número de expediente 645/2013, donde a diez años, aún se encuentra en primera instancia Tribunal con medidas precautorias.
“El alcalde de Torreón, Alberto Román Cepeda, se ha negado a respetarlas, así como el propio Gobierno del Estado vía el Registro Público de la Propiedad”, sostuvo.
Recordó que el terreno era ejidal y el cual nunca se vendió, además de hacer una asociación en el marco de la nueva Ley Agraria, la cual según indicó, fue la primera inmobiliaria con participación empresarial, sin embargo fue un despojo institucional el que se hizo, y en el que fueron coparticipes o coludidos la Procuraduría Agraria, que va desde su titular, así como el Registro Agrario Nacional, la misma SEDATU y los Tribunales Agrarios los cuales fueron principalmente creados a partir de las Reformas al 27 constitucional.
“A mucha gente no les pagaron, ellos dijeron que iban a aportar una cantidad (30 o 50 millones de pesos) para urbanizar la superficie que fue aportada, 535 de una resolución presidencial de 586 hectáreas. Se robaron todo, no solo 535, quitando nada más el caserío que son 10 hectáreas, se robaron 576 con el cobijo y la complicidad de todos los niveles de gobierno”, concluyó.
