Ha sido como una comedia de enredos, a cuyo probable final todos los actores oficiales pretenden adjudicarse el triunfo de no haber aprobado lo que inicialmente deseaban. Al estilo de "La zorra y las uvas", la fábula atribuida a Esopo que narra la excusa de la cándida que no alcanza los frutos de la vid y enseguida alega que estaban verdes o inmaduros, los coordinadores en la Cámara de Diputados de seis de los siete partidos con representación ahí (la excepción es Movimiento Ciudadano) emitieron un comunicado para expresar que no lograron los "consensos" para avanzar en un proyecto de reformas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que seguirán trabajando en él, para "perfeccionarlo".
La verdad es que el séxtuple recule (Morena, PT, Verde, PAN, PRI y PRD) es una derrota para las cúpulas partidistas que acordaron impulsar de manera conjunta reformas para proteger sus intereses, privilegios y maniobras internas (Mario Delgado, de Morena, y Alito Moreno, del PRI, buscan prolongar sus mandatos sin que haya órgano judicial que se los impida por ilegalidad) y, peor aún, para lesionar el proceso de incorporación de mujeres, personas con discapacidad, representantes de la diversidad sexual y otros segmentos sociales favorecidos con acciones afirmativas, de inclusión.
El insólito pacto de protección mutua de los seis partidos mencionados significó una confesión de que más allá de la retórica y la teatralidad hay una identidad pluripartidista de control y agandalle que, a la vez, provocó reacciones fuertes en dos polos ideológicos: entre decenas de diputados (sobre todo, mujeres) de Morena y partidos aliados, y entre los grupos que se arrogan la representación de la "sociedad civil", alineados con Claudio X. González.
Más allá de las machincuepas que intente la sexteta partidista, lo cierto es que los machuchones del morenismo diputadil (Ignacio Mier, en primer lugar) mostraron el cobre incluso ante sus correligionarios, al hacer a un lado por conveniencia los compromisos de inclusión de causas que son propias de la izquierda. Hubo diputadas de Morena (y diputados, aunque menos) que se organizaron para presionar contra tales posturas aberrantes del mando en San Lázaro. Y hubo grupos de la "sociedad civil" que advirtieron a los coaligados de Va por México del estigma de traición que les impondrían por ir en contra de las movilizaciones en defensa del INE que, a su entender, deberían extenderse a la defensa del tribunal electoral.
El episodio no está cerrado. Las cúpulas partidistas seguirán negociando en busca de llegar a algún arreglo que, sobre todo, les permita preservar sus intereses a salvo de sentencias del tribunal mencionado. Lamentable es, por lo demás, que se pueda truncar el sensato propósito de reformar el funcionamiento de un tribunal electoral desconfiable y manipulable. Una reforma no para preservar los democráticamente insanos deseos de la partidocracia, pero sí para impedir que la última palabra en materia electoral la sigan teniendo magistrados y normatividad que han sido ineficaces y doblegables.
El presidente de la República busca, mediante una iniciativa de reformas a la ley minera, "poner un poco de orden" en este ramo. En apoyo de esa iniciativa, Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante de la colectiva "Cambiémosla ya", aseguró que en los últimos 30 años el despojo, los accidentes en general y los mal llamados accidentes ambientales, se han multiplicado y han causado un sinnúmero de desgracias.
