ÁTICO
La destrucción por Otis agravará la crisis social e institucional en Guerrero; urge armar una coalición amplia y solidaria.
Tras la emboscada del 23 de octubre donde asesinaron al secretario de Seguridad Pública, al director de la policía preventiva y a 11 elementos policiacos del municipio de Coyuca de Benítez en Guerrero, un texto resume con claridad la situación: "Guerrero se encuentra sumido en una descomposición social e institucional". Es la opinión editorial sin firma de La Jornada, es decir, de su dirección.
Esto fue antes de la entrada del huracán Otis, el cual ha evidenciado serios problemas de operación y coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal. No recuerdo un gobernador con menos liderazgo y presencia en la zona de un desastre que Evelyn Salgado. Ni siquiera está claro dónde se encontraba cuando Otis azotó al puerto. Tampoco recuerdo una visita presidencial tan breve en el lugar de la tragedia. Según la evidencia disponible AMLO estuvo solo media hora en Acapulco, para regresar en helicóptero y tener una mañanera regular al día siguiente. Ayer andaba de gira, como en un fin de semana normal.
¿Quién es el principal responsable de esa descomposición social e institucional? Según el texto referido, el desplome de la demanda de opio en Estados Unidos por el cambio en los patrones de consumo. Es decir, la culpa principal es de los gringos por no consumir drogas. En otras partes del país, la culpa es de los gringos por consumir otras drogas.
El corolario del argumento viene después. Dada la caída en el negocio de la siembra y exportación de opio hay "una reconfiguración de la delincuencia que incluye una diversificación de sus actividades, principalmente hacia la extorsión mediante el cobro del derecho de piso: en la actualidad, hasta los comerciantes más pequeños e incluso profesionistas son amagados para entregar a los delincuentes parte de sus ingresos".
Ésta es la inevitable consecuencia de no enfrentar a quienes tienen el poder de las armas. Quien tiene la capacidad de matar para exportar drogas suele incursionar en otros negocios, desde tráfico de mujeres y niñas, hasta el secuestro y la extorsión.
Ésta genera una renta permanente. Una vez establecida la capacidad de cobro en un territorio dado, a partir de una red de informantes, cobradores y matones, el flujo de recursos es continuo, siempre y cuando en el camino no se destruya la capacidad productiva de los extorsionados por un exceso de violencia.
Esta descomposición será mucho peor tras la estela de destrucción que ha dejado Otis. Con una presión adicional: los grupos criminales que extorsionan en la región se han quedado sin fuente de ingresos, pero tienen armas y están organizados.
Estamos ante una crisis humanitaria probablemente más grave que la posterior al terremoto de 1985. En la CDMX nunca escaseó el agua. Los damnificados podían salir de la zona de desastre. En la zona metropolitana de Acapulco viven más de un millón de personas y no pueden hacerlo en estos momentos. Además, es una ciudad muy violenta; Acapulco sufre 65 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es la décima ciudad con mayor tasa de homicidios del mundo.
Esta descomposición no se resuelve con programas como Sembrando Vida. Lo primero que se requiere es reconstruir instituciones y emplear el poder del Estado para proteger y apoyar a la población. Es necesario construir coaliciones políticas con los principales actores sociales, incluidos los empresarios más relevantes en cada zona, para apoyar a los damnificados y enfrentar conjuntamente al crimen organizado y la destrucción en la zona. Si importa más la polarización como instrumento de promoción electoral que el bienestar de la población, la descomposición social e institucional seguirá creciendo.
La reconstrucción de Acapulco sería una oportunidad para también reconstruir las instituciones de la entidad y armar una coalición social amplia y solidaria. Un gobierno incluyente, concentrado en atender la emergencia y competente es indispensable para lograrlo.
