A mediados del mes de abril, se publicó una iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar distintos ordenamientos con el objeto de racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF). En esta iniciativa, cuya discusión se pospuso para el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, se propone extinguir a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), trasladando sus funciones e integrando a su personal en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Es importante dimensionar las consecuencias de la eliminación de la SESNA, en la de por sí limitada participación ciudadana dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en el propio Sistema.
En 2016, cuando inicia la operación del SNA, se generó una gran expectativa en los mexicanos para avanzar en la lucha anticorrupción, ya que en éste participan todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno involucradas en la prevención, investigación y sanción de la corrupción; asimismo, contempló por primera vez la participación de cinco ciudadanos que conforman el Comité de Participación Ciudadana (CPC) cuyo presidente también lo es del Comité Coordinador (CC) del SNA.
Hay que recordar que el CC lo integran instituciones que pertenecen a distintos poderes y órganos constitucionalmente autónomos, siendo éstos: la SFP, la Auditoría Superior, el INAI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Anticorrupción y, un ciudadano que es el presidente.
La SESNA fue diseñada como un organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica y de gestión. Su titular es designado por el CC. Destaco que los cinco ciudadanos obtienen una remuneración de la SESNA, sin que constituya una relación laboral, lo que pretende garantizar su objetividad.
Al extinguirse la SESNA, desaparece también la Comisión Ejecutiva; en consecuencia, prácticamente desaparece la participación ciudadana en el SNA.
Debe señalarse que la SESNA y la Comisión Ejecutiva, han elaborado instrumentos que deben ser tomados en cuenta como son la Política Nacional Anticorrupción y su Programa de Implementación.
Sin temor a equivocarme, señalaría que si el SNA no ha tenido mayores avances se debe a la falta de voluntad y al desdén de algunos de sus integrantes para participar en este esfuerzo y asumir su responsabilidad legal, ya que no hay forma de obligarlos.
De aprobarse esta iniciativa para que la SFP asuma las funciones de la SESNA, podrían generarse conflictos con las otras instituciones del CC, donde actualmente existe una relación entre iguales.
Desaparecer la SESNA implica perder este espacio neutral en la coordinación entre instituciones y eliminar la participación ciudadana y posiblemente el golpe de gracia al SNA, generando incertidumbre en los ciudadanos respecto al compromiso que deben tener todos los gobiernos de combatir la corrupción e impunidad, perdiéndose un gran esfuerzo que surge a partir de la inconformidad ciudadana manifestada a la clase política durante décadas.
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