Las recomendaciones emitidas por la CNDH fueron para autoridades penitenciarias y para la Fiscalía General del Estado (FGE).
Luego de que un interno se quitara la vida en el penal federal de Ramos Arizpe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación tanto a autoridades penitenciarias como a la Fiscalía General del Estado (FGE), ésta última por abstenerse de investigar los sucesos.
La CNDH emitió las recomendaciones 69/2023 y 101GV/2023 en la que marca como responsables a las autoridades del CPF 18 de Ramos Arizpe, por el suicidio de un interno con antecedentes de esquizofrenia en el área de hospital.
Ambas están dirigidas al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Antonio Hazael Ruiz Ortega y al fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara.
De acuerdo a la CNDH fue el 19 de noviembre de 2021, que la CNDH recibió escrito mediante el cual los quejosos refirieron que un interno del penal federal no. 18, ubicado en Mesillas, Ramos Arizpe, fue diagnosticado con un cuadro de esquizofrenia y tenía indicación de requerir observación permanente, pero "inexplicablemente" lo dejaron solo y a consecuencia de ello se suicidó, motivo por el cual se radicó el expediente CNDH/3/2021/10997/Q.
El interno habría sido ingresado el 30 de marzo de 2021, no obstante, después de sufrir depresión por varios meses fue ingresado a la habitación hospitalaria donde hizo uso de una sábana para consumar el suicidio.
Trascendió que el interno ya no contaba con ánimos de vivir, por lo que había dejado de bañarse, comer y beber agua, no obstante, las autoridades penitenciarias del penal, cayeron en omisiones de cuidado, al no proporcionar las medidas mínimas de vigilancia, atención médica, salud, higiene, seguridad, entre otras.
Fue tras los hechos registrados el 27 de octubre de 2021 que fue al auxiliarlo un compañero de celda y custodios, que presentó un paro cardiorrespiratorio, por lo que se inició maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, retornando la circulación espontánea.
Aunque durante el traslado al hospital, presentó mejoría en el estado neurológico y respiratorio, a su ingreso se encontró desierto y desorientado, por lo que se le diagnosticó asfixia mecánica por ahorcamiento e intento suicida.
Tras perder la vida la CNDH dio apertura de la carpeta de investigación ante la Fiscalía General, dentro de la cual, el 15 de junio de 2022, se acordó la abstención de investigar, toda vez que de los datos de prueba obtenidos se determinó que el suceso no constituye un delito, además de que dicha determinación no fue notificada a uno de los familiares del reo.
Ante esto la CNDH pidió iniciar procesos legales en contra de las autoridades responsables para que se dé la reparación de daños, medidas de satisfacción a las víctimas y familiares.
