Todo exceso es malo. A los mexicanos nos vendría bien un Presidente con menos poder discrecional. También al Presidente le vendría bien: lo protegería de cometer tantos errores. La lista de sus ocurrencias e intuiciones fallidas es larguísima.
Un caso evidente fue la creación del recién cancelado Insabi. AMLO destruyó el Seguro Popular, que aunque imperfecto, proveía un paquete de salud a amplios grupos de la población, y emprendió un nuevo sistema sin haber hecho siquiera un diagnóstico mínimo sobre su pertinencia. Ni reglas de operación tenía cuando fue aprobado al vapor por la mayoría legislativa. Ahí están los resultados: miles de millones de pesos gastados no se sabe muy bien cómo y más de 15 millones de mexicanos que perdieron la cobertura de salud pública, con todas las consecuencias para su esperanza y calidad de vida.
A las carreras y sin datos para acreditar el cambio, los mismos legisladores oficialistas han decretado la destrucción del Insabi. La diputada Margarita García, del PT, lo trató de justificar así: "Si nos equivocamos, lo que beneficia al pueblo es corregir".
En el caso del Insabi, por lo menos se pueden dar el lujo de desaparecerlo, transferir todo al IMSS-Bienestar y empezar un nuevo experimento. Como si fuera un tema urgente producto de algo inesperado, la reforma se presentó y autorizó de última hora, saltándose el proceso legislativo. En el mejor de los casos, pocos de quienes la aprobaron deben de haberla leído completa. Recibieron instrucciones y obedecieron, violando descaradamente en el caso del Senado todos los procedimientos legislativos.
Para desgracia del país no pueden hacer lo mismo con sus obras mal planeadas. El AIFA no es lo prometido: no amplió la oferta de vuelos en el Valle de México. Pero no lo pueden cerrar y pasarle las pistas a Texcoco.
Si el Presidente hubiera tenido menos poder, si hubiera tenido que justificar cada una de sus obras, no estaría tapando hoyos a pasos forzados para poderlas terminar antes del fin del sexenio.
Lejos de haber aprendido la lección, está en la congeladora una serie de reformas legales para darle más poder al Presidente. Bajo el argumento de que se necesita fortalecer a la administración pública, se pretende agilizar las obras de infraestructura del sector público, permitiéndole al gobierno comenzarlas antes de tener los permisos propios de toda obra, como ha sucedido con los proyectos de AMLO.
El Estado no puede estar secuestrado por unos cuantos. Se necesitan mecanismos para que un pequeño grupo de afectados no pueda bloquear una obra de interés general. En Francia, por ejemplo, hay una legislación específica para poder expropiar terrenos o para hacerse de derechos de vía para las obras públicas. Pero estas obras no son la ocurrencia de un Presidente, sino el resultado de un proceso de planeación, "políticas de Estado", las llamaba Morena cuando era oposición en México. Por ejemplo, el tren de alta velocidad francés parte de un plan maestro y su ejecución no depende de las ocurrencias de un sólo hombre, sigue reglas claras respecto de los plazos máximos para llevar a cabo las expropiaciones necesarias y la armonización urbanística de los municipios por los que correrá el tren.
En otras palabras: se requiere más poder para el Estado, no para el individuo que detenta el poder. Para impulsar el desarrollo se requiere un Estado fuerte, técnicamente solvente, basado en reglas, con funcionarios bien pagados y capacitados. No con improvisados como los de este gobierno, que en el tramo 5 del Tren Maya ya habían arrancado las obras por la carretera Cancún-Playa del Carmen, cuando descubrieron su inviabilidad. Cambiarán la ruta, ahora a través de la selva, donde también han ido modificando el trazo al encontrase problemas no previstos. El costo del exceso de poder discrecional suele ser mucho mayor que el de imponerles reglas a los individuos que detentan altos cargos públicos.
@carloselizondom
ÁTICO
Si el Presidente hubiera tenido menos poder, habría cometido menos errores.