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El Ejecutivo Federal emitió un decreto para la expropiación de una superficie de 68 hectáreas, 83 áreas y 91 centiáreas de terrenos de temporal de uso común del ejido "Xmaben y Anexos", en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a favor de Fonatur Tren Maya, para destinarla a la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y operación del Tren Maya.
El decreto, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que se acreditan las causas de utilidad pública del establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos, y de la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles y demás obras que faciliten el trasporte, previstas en el artículo 93, fracciones I y VII de la Ley Agraria.
Explica que la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y operación del Proyecto Tren Maya son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, toda vez que se prestará un servicio público de transporte de pasajeros para el beneficio del turismo nacional y extranjero, así como de transporte de carga ferroviario para acelerar el comercio de la península, lo que facilitará el intercambio de mercancías con el resto del país y diversificará los puntos turísticos de la región para generar una derrama económica.
"Como consecuencia, se generarán oportunidades laborales y se redistribuirá la riqueza a lo largo de la península; se dará protección y rehabilitación a las áreas naturales protegidas y a los sitios patrimoniales. De igual forma, el Tren Maya funcionará como corredor humanitario por medio del cual se entregarán apoyos alimentarios, médicos, etc. para las comunidades indígenas y pueblos marginados del sureste mexicano; tendrá un flujo constante, y solo por su conducto, se podrá llegar a dichos poblados de manera pronta y eficaz; su ubicación geográfica es fundamental para salvaguardar las costas y la zona fronteriza con Centroamérica", destaca el decreto.
El documento estipula que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) emitió el dictamen valuatorio y anexo único, en el que determinó que el monto total de indemnización asciende a 27 millones 535 mil 640 pesos, con base en el valor comercial de la superficie a expropiar.
