Según la operadora de los ferrocarriles de Grecia, Hellenic Train, todas las rutas han sido 'temporalmente suspendidas'. (ORESTIS PANAGIOTOU / EFE)
El sindicato de los funcionarios públicos de Grecia (ADEDI) ha convocado para el miércoles una huelga de 24 horas para protestar contra las privatizaciones en el sector ferroviario y pedir que el Estado asuma su responsabilidad en el choque de dos trenes que el 1 de marzo causó la muerte de 57 personas, a la que se han sumado los trabajadores del transporte marítimo.
En la convocatoria, publicada en un comunicado, ADEDI precisó que los funcionarios públicos se manifestarán el día 8 en el centro de Atenas para demandar “que terminen las políticas de privatizaciones” en el sector ferroviario y “se depuren las verdaderas responsabilidades por el crimen homicida”.
La Federación Panhelénica de Marineros (PNO) se sumó poco después al paro laboral, por lo que los barcos permanecerán amarrados en los puertos en todo el país.
Mientras, los trabajadores en ferrocarriles han entrado este lunes en su sexto día consecutivo de huelga, manteniendo así interrumpidas la circulación de trenes.
Según la operadora de los ferrocarriles de Grecia, Hellenic Train, todas las rutas han sido "temporalmente suspendidas".
La atmósfera en Grecia permanece tensa tras la ola masiva de manifestaciones en varias ciudades del país, donde decenas de miles de personas han reclamado justicia y acusado al Gobierno de una negligencia que habría propiciado el grave accidente del pasado martes, dada la falta de medidas de seguridad en el tramo de la vía férrea donde se produjo.
El primer ministro, el conservador Kyriakos Mitsotakis, admitió el domingo la falta de medidas de seguridad y sistemas automatizados de control en la red ferroviaria y pidió "un gran perdón" a todos los griegos.
"No podemos, no queremos y no debemos escondernos detrás del error humano", señaló Mitsotakis en su cuenta de Facebook.
El jefe de la estación de la ciudad de Larisa, imputado por homicidio negligente, fue puesto la víspera en prisión preventiva tras testificar ante el fiscal adjunto durante casi ocho horas
